El principal foco de atención tendrá lugar en lo que suceda el viernes,
cuando el plenario del organismo –actualmente bajo la presidencia de
Australia– decida si excluye a Argentina de la denominada "lista gris"
de países que presentan deficiencias en la materia, y que por tal razón
son objeto de auditorías periódicas y recomendaciones de cambios para
adaptar sus estándares a los del GAFI.
En medio de un fuerte
hermetismo, desde el gobierno dejaron entrever expectativas favorables.
"Hasta el viernes es difícil tener un certeza, pero las perspectivas son
óptimas", resumió una fuente oficial familiarizada con el tema ante una
consulta de este diario. El optimismo entre los representantes del
Poder Ejecutivo se alimenta, en parte, de la propia práctica del GAFI.
Entre el 16 y 19 de septiembre pasado, una delegación del organismo
visitó la Argentina para evaluar "in situ" el cumplimiento de las normas
antilavado, para lo cual mantuvo contactos con representantes del
sector financiero, el poder judicial y los organismos de control, entre
ellos la UIF, el Banco Central, la Superintendencia de Seguros y la
Comisión Nacional de Valores. Como señal de compromiso político, la
delegación del GAFI, conformada por técnicos de Estados Unidos, Canadá y
Perú, fue recibida incluso por la presidenta Cristina Fernández en Casa
de gobierno. Semanas después, la comitiva –que dentro del GAFI
pertenece al Grupo de Revisión para la Cooperación Internacional– envió
al gobierno un detallado informe con los resultados de la evaluación, es
decir, una versión preliminar de lo que informará ante el plenario. Si
bien no trascendieron detalles, no habría mayores objeciones por parte
del organismo.
Según la práctica del GAFI, la visita ‘in situ’
solamente tiene lugar cuando existe la presunción de cumplimiento por
parte del país evaluado. De hecho, no existen hasta el momento
antecedentes de países que hayan llegado a esa instancia, sin que tenga
lugar en forma posterior la exclusión de la lista gris. Por el
contrario, el escepticismo se nutre de un elemento obvio: más allá de su
supuesto carácter técnico, el GAFI –un foro nacido en torno del G-7
(los siete países más industrializados)– también es un instrumento
eminentemente político, donde las cuestiones geopolíticas y las
relaciones de poder entre los Estados también juegan un papel clave.
Curiosamente,
en la página oficial del GAFI donde se mencionan algunas de las
cuestiones que tratará el plenario entre el jueves y el viernes próximos
no figura explícitamente una eventual decisión sobre Argentina.
Anticipa, en cambio, que se "examinará la aplicación de las medidas
adoptadas por varios países para hacer frente a las deficiencias
detectadas en la última ronda de informes de evaluación mutua". También
enumera que se abordará "la discusión de los resultados de los informes
de las evaluaciones mutuas de Noruega y España"
Además de Sbatella,
la delegación argentina está conformada por Carlos Gonella, fiscal
general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(Procelac); Juan Carlos Otero, a cargo de la subgerencia de Prevención
del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores (CNV); Juan
Gasparini, del Ministerio de Relaciones Exteriores; y Daniel Robledo, de
la Subgerencia General de Cumplimiento y Control del Banco Central. En
tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, llegaría a París el viernes,
para participar de la última jornada.
MEJORAS. En 2009, una
misión del GAFI detectó “deficiencias estratégicas” en materia de
combate al lavado de activos, a tal punto de que el país cumplía tan
sólo con dos de las 40 recomendaciones del organismo.
Tal situación, que
puso a Argentina al borde de perder su membrecía en el G-20, comenzó a
ser revertida dos años después, con la presentación de un plan de acción
que incluía una serie de reformas significativas. Entre ellas, se
cuentan: la inclusión de la evasión fiscal como delito precedente en el
lavado de activos, la regulación de la figura del decomiso anticipado,
la creación de la Procelac, la ampliación del universo de sujetos
obligados a reportar operaciones sospechosas, la aplicación de multas y
sanciones económicas, entre otros aspectos. La nueva legislación, que
permitió un rol más activo de la UIF, fue aplicada a algunos casos
importantes hoy judicializados, como por ejemplo la banda de colombianos
sospechados de lavar dinero proveniente del narcotráfico que residía en
Nordelta (ver nota aparte). Los cambios introducidos llevaron a una
mejora en la percepción por parte del GAFI, que en junio último sacó al
país del seguimiento intensivo.
Desde la posible salida del g-20 a la ley antiterrorista
Tras
poner en evidencia que el país se encontraba en una situación más que
vulnerable en materia de lavado de activos –cumplía tan sólo con dos de
las 40 (después sumaron nueve más) recomendaciones– el GAFI colocó a
Argentina en la denominada 'lista gris', un lugar incómodo que traía
como principal sanción internacional la membresía al G-20.
Tras la
presentación de un plan de acción y la sanción por parte del congreso de
un paquete de leyes destinado a fortalecer la lucha contra el lavado,
el país comenzó a transitar un camino relativamente favorable en la mira
del GAFI, que se materializó en junio pasado, cuando durante el último
plenario desarrollado también en París, el organismo reconoció que
"Argentina abordó sustancialmente su plan de acción, incluyendo: la
tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo; el establecimiento de procedimientos para identificar y
congelar activos terroristas".
El camino no estuvo exento de
cuestionamientos y fuertes debates internos. Uno de ellos tiene que ver
con la denominada discusión de la Ley antiterrorista en diciembre de
2011, que incorporó al Código Penal como delitos una serie de acciones
destinadas a afectar al orden económico y financiero, y que fue
fuertemente cuestionado por algunos de los partidos de la oposición.