El funcionario, en declaraciones radiales, explicó que en 2008 se
presentó una demanda por parte de un consumidor de la provincia de
Tierra del Fuego que denunció a las automotrices y a las concesionarias
por prácticas anticompetitivas que venían desarrollando desde el 2002.
Según
la denuncia, las concesionarias cobraban los mismos valores que regían
en el continente a pesar de que esa provincia goza de un régimen
especial fijado por la ley 19.640, que establece que los cero kilómetro
que allí se venden no pagan IVA, ni impuestos internos y tampoco los
aranceles de importación.
“Si en un mercado los actores que
tienen poder de fijación de precios porque tienen posición dominante son
pocas y se ponen de acuerdo lo que terminan haciendo es que en vez de
competir, lo que hacen es cobrar más de lo que supondría un precio que
se cobraría a un consumidor en condiciones de competencia, y obtener
mayor rentabilidad a costa del bolsillo de los consumidores”, sostuvo
Costa.
En ese sentido, el secretario defendió la reciente sanción
de las leyes de Defensa del Consumidor. “Cada vez que en un mercado hay
condiciones de concentración o de posición dominante, el Estado tiene
herramientas para intervenir”, dijo.
Explicó que “en este caso
aplicamos la Ley de Defensa de la Competencia, pero también tenemos
desde el mes de septiembre la modificación de la ex Ley de
Abastecimiento, que ahora se llama Ley de Regulación de las Relaciones
de Producción y Consumo, que también busca evitar situaciones donde la
concentración perjudica a los consumidores”.