Según publicó el diario Página/12, Raúl Pleé fue denunciado en 2013 por
el Centro de Estudios Legales y Sociales y por la asociación de
familiares y sobrevivientes del atentado a la AMIA, Memoria Activa por
haber demorado la acusación contra los acusados de encubrimiento.
Memoria
Activa incluso acusó que la demora se debía a que Pleé y el fiscal
Germán Moldes, que si bien no participó de la convocatoria, se lo
consigna como parte fundamental del grupo de fiscales, se resistían a
mandar a juicio a “sus ex compañeros de trabajo”, en referencia al juez
Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados.
Por
entonces, el Cels consignó que “sin explicación, el fiscal de casación
Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar
audiencia hasta que quedó en evidencia”.
Otro de los convocantes a
la movilización es el fiscal ante la Cámara Federal, Ricardo Sáenz,
quien también es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados.
Durante
el año 2013, este letrado fue denunciado por el juez Juan Ramos
Padilla, por haber interferido en la investigación que se desarrollaba
contra un comisario de la Policía Federal acusado de irregularidades en
la División Automotores de esa fuerza.
Según Ramos Padilla, Sáenz
fue registrado dialogando en escuchas judiciales, “dándose en el caso
un trato de amistad y de habitualidad” con el comisario Marcelo
Pecorelli, a quien acusan de haber prestado asistencia a uniformados
investigados por actos de servicio que no eran tales, y por haber
asistido en su estudio particular a querellados en causas penales, a
pesar de estar inhabilitado.
El más reciente de los denunciados
fue José María Campagnoli, quien fue suspendido de su cargo por el
Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura e investigado
por "abuso de poder" y "mal desempeño" producto de la supuesta
modificación del objeto procesal en la causa Lázaro Báez, con el fin de
desarrollar una investigación paralela a la que el fiscal Guillermo
Marijuán cursaba en la justicia federal.
Previo a esta acusación,
Campagnoli acumulaba varias causas en su contra por maltratos y abuso
de poder contra los vecinos de Barrio Mitre, en Saavedra, y también fue
denunciado de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del
Grupo Clarín, a través del estudio de abogados Saenz Valiente &
Asociados.
Marijuán fue desplazado durante el mes de diciembre de
su cargo al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la
Seguridad Social (Ufises), organismo dependiende de la Procuración
General de la Nación encargado de asistir y colaborar con los fiscales
federales de todo el país en todas aquellas investigaciones relacionadas
con ilícitos que tengan como sujeto pasivo entre otros a la Anses.
El
desplazamiento del fiscal vinculado al Frente Renovador se debió a la
realización de “concursos no transparentes” y a la reiterada negativa
por explicar ante la Procuración el rumbo de los expedientes de la
Unidad.