Además, los abogados que representan a la Argentina ante los tribunales
estadounidenses, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton,
rechazaron en la presentación, la "moción de desestimación" realizada en
el mes de febrero por los fondos buitre.
En el documento presentado por los fondos buitre el 12 de febrero pasado, buscó paralizar el proceso de apelación al sostener
que al no haber impuestas sanciones efectivas contra Argentina, la Corte de Apelaciones "carece de jurisdicción" para tratar el
caso y que por lo tanto la orden del magistrado de Nueva York no resulta apelable.
"La
moción de los demandantes es un claro intento de combinar la
competencia de la Corte de escuchar esta apelación, con los méritos de
la apelación, y así impedir una presentación y argumentación de esta
orden sin precedentes que mantuvo a la
República en desacato por el
acto soberano, por excelencia, de aprobar una ley en virtud de su
proceso democrático", señaló el documento firmado por el abogado Carmine
Boccuzzi.
El Gobierno argentino señaló -en un comunicado
difundido ayer- que la "insólita contradicción de los fondos buitre
corrobora lo que Argentina siempre afirmó: que la absurda orden de
desacato dictada por el juez Griesa a pedido de los fondos buitre carece
de todo efecto efecto práctico y que sirve únicamente como una
herramienta mediática para extorsionar a la República".
La
presentación de 62 páginas hecha a última hora del jueves ante la Corte
de Apelaciones, ratificó entonces que la orden de desacato emitida por
Griesa a fines de septiembre de 2014 y efectiva el 3 de octubre, "fue
una negación a la inmunidad soberana de la República", y aclaró que las
leyes de los Estados Unidos "no otorgan a los tribunales" locales "el
poder" para tomar decisiones en cuanto a "acciones soberanas de países
extranjeros en sus propios territorios. Mucho menos para emitir ordenes
de desacato dirigidas a tales actos soberanos", adhirió.
El
texto, dijo a su vez que la renuncia de inmunidad "limitada" presente en
los bonos emitidos en 1994, "no confería a la corte del distrito,
claramente, el poder de ejercer jurisdicción general sobre la validez de
los actos soberanos en su propio territorio".
La decisión de
Griesa, "más allá de su negación indebida de inmunidad, es procesal y
sustancialmente errónea", sostuvo el escrito.
Los representantes
de Argentina explicaron que la orden de desacato "es inaplicable" siendo
que la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA, en
inglés), "no provee a los tribunales estadounidenses el poder de emitir
ordenes de desacato exigibles contra un estado extranjero".
Además,
el fallo de Griesa del 23 de febrero de 2012 que obliga a la Argentina a
pagar la totalidad de 1300 millones de dólares (más actualizaciones) en
caso de cancelar deuda con los bonistas que ingresaron a las
reestructuraciones de 2005 y 2010, pone al país en una "situación
imposible" al no poder cumplir "completamente" con esa decisión.
Esto
responde a que las cifras de los reclamos que pretenden los fondos
buitres, quienes además del fallo favorable otorgado en 2012 por Griesa
ingresaron recientemente nuevas mociones para su consideración mientras
que a su vez "alientan a otros acreedores para maximizar el número de
reclamos contra la República", hacen la "imposibilidad de cumplir con
los requerimientos judiciales, aún más evidente", concluyeron los
abogados.