La Corte dio lugar a la apelación del gobierno argentino y desestimó la
decisión de Griesa que habilitó a los tenedores de ocho clases de bonos a
demandar a la Argentina como grupo, conocidos como “me too”, con el
objetivo de ser sumados al fallo del magistrado efectuado en 2012 que
ordenaba al país pagar a los fondos buitre la suma de 1.3 mil millones
de dólares.
El tribunal que interviene en el caso con los fondos
buitre sostuvo que la Corte distrital de Nueva York “contravino el
mandato emitido en apelación al no seguir las instrucciones específicas
previas” y señaló que en vez de seguir dichas directivas “certificó” la
solicitud de los fondos buitre de “expandir las clases” de bonos en
cuestión.
Con su accionar, la corte de Griesa “no llevó adelante
una audiencia probatoria” y a su vez, cuando los fondos buitre
argumentaron que el proceso de discovery (solicitud de información) no
era viable, “en lugar de seguir nuestra orden y adoptar un enfoque
individualizado de daños y perjuicios, el tribunal resucitó la clase
original de definición de los demandantes”, afirmaron los jueces de la
instancia de apelación en un documento de 15 páginas.