“El programa de laboratorios, que ha permitido distribuir en todo el
país los recursos tecnológicos para la investigación penal, está
financiado por el Estado Nacional y nosotros vinimos a poner un poco de
actualidad a su desarrollo y a solicitar el apoyo para su crecimiento”,
dijo el funcionario.
En el caso del narcotráfico, explicó que
“queremos generar una mesa de diálogo respecto de programa de
desfederalización de estupefacientes, dado que en este momento existen
solamente cinco provincias que están incluidas en este proceso de
división de funciones donde las provincias asumen también una
intervención directa en el manejo del llamado narcomenudeo”.
López
Viñals señaló que la cuestión del financiamiento que el Estado Nacional
debe dar a las provincias que ingresan a este programa “parece ser el
problema de que nos se avance más en el número de provincias que lo
integran, y por eso hablamos sobre la necesidad de articular y organizar
los recursos para evitar los inconvenientes que se generan en la
investigación cuando se fracciona la información, pero básicamente
avanzar hacia una idea de que esto no puede seguir siendo parte de un
desarrollo aleatorio, donde algunas provincia se animan y otras no”.
“Creemos
que hay que tomar el toro por las astas, y sobre todo con reglas de
juego clara promover una mayor participación de las provincias en la
lucha contra el narcotráfico”, aseguró.
En cuanto a la violencia
de género, señaló que ”hemos asumido un compromiso de presentar un
programa para que se genere un apoyo federal del Estado Nacional en
términos económicos para la protección de las víctimas de violencia y
para la prevención de la continuidad de la violencia en los casos en que
está detectada”.
“Este es un aspecto donde nosotros trabajamos
como consejos federales intentando limitar la asimetría de recursos que
hay entre provincias grandes y provincias chicas y el costo de los
dispositivos electrónicos que permiten alertar a las autoridades cuando
se violan las prohibiciones de acercamiento que genera la justicia,
porque es una tecnología cara que nosotros estamos intentado que nos
ayuden a adquirir”, explicó.
López Viñals manifestó que “tenemos
esperanza que al haberse sancionado el nuevo Código Procesal Penal la
persecución de los delitos en el orden federal y en particular el
narcotráfico está en manos de los fiscales y ahí es donde habrá que
barajar y dar de nuevo con las estructuras”.
Por su parte, el
titular del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores
Generales de la República Argentina, y Procurador General de La Pampa,
Mario Bongianino, destacó la importancia del Programa de Laboratorios de
investigación Criminal, porque “antes, para hacer un simple análisis de
ADN, la gran parte de investigaciones criminales en manos de fiscales o
jueces tenían que trasladar las muestras a Buenos Aires, lo que
implicaba una demora de dos o tres meses, más la saturación que implica
en los laboratorios de la Capital Federal”.