Así lo hizo a través del decreto decreto 2358/2015, publicado hoy en el
Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de
Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.
Mediante
la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la
nueva normativa establece la responsabilidad “indelegable y principal”
del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien
público” y un “derecho humano”.
Asimismo, garantiza “la igualdad
de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la
graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias
educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las
condiciones legales establecidas”.
Uno de los puntos más
destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el
artículo 2, que establece que “los estudios de grado en las
instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e
implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de
gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.
En
ese marco, además, se prohíbe “a las instituciones de la educación
superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros
Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales
públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio
lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.
Las
modificaciones responden así a algunas de las críticas más fuertes
contra la LES formuladas por estudiantes, docentes y hasta las propias
instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró
por la vía judicial su no aplicación al entender que avasallaba el
principio de la enseñanza pública.
La modificación tuvo su media
sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el
PRO; entre los legisladores de ese momento estaban la actual candidata a
vicepresidenta por Cambiemos, Gabriela Michetti, y un firme postulante a
ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri,
Alfonso Prat Gay.
En esa sesión del 5 de junio también votó en
contra Eduardo Amadeo, en ese entonces del bloque Frente Peronista y hoy
en Cambiemos, que en un discurso que Puiggrós calificó como "una joya
del neoliberalismo", se opuso al proyecto porque en la universidad
pública "hay una invasión de extranjeros y de gente que viene de la
escuela privada".
"Los ricos están llenando la universidad
pública, ¿les vamos a seguir regalando la educación?", se preguntó
Amadeo, según puede leerse en la versión taquigráfica oficial o en el
video colgado en la página de Internet de la Cámara de Diputados.
"Hace
15 días el PRO ya había adelantado que tampoco iba a acompañar el
proyecto en el Senado pero ahora que modificaron su discurso tuvieron
que votar a favor, aunque Michetti directamente se fue del recinto para
no votarlo", apuntó Puiggrós.
En cambio, la sanción fue celebrada
por los distintos actores de la comunidad educativa, entre ellos el
gremio Ctera que manifestó que se trata de una medida "que frena el
avance de las tendencias privatizadoras de la educación" y festejó que
"hoy podemos decir ´es ley´ la gratuidad de la Educación Superior".