Cornejo consideró que la decisión de la Corte "redefine la prisión
preventiva, ya que el fallo tiene plazos perentorios inalcanzables para
el trabajo de nuestra fuerza de seguridad, que debe reunir en 24 horas
todos los elementos probatorios para que el fiscal pueda dejar privado
de la libertad al sospechoso de un delito".
En relación a la
demanda ciudadana de prevención de delitos, Cornejo sostuvo que "las
resoluciones judiciales deben estar ajustadas a la realidad".
"Podríamos
no tener más hacinamientos en las cárceles si no detuviéramos a nadie,
pero eso no es lo que impulsamos como política de seguridad. Esta
decisión trae aparejados problemas operativos para el sistema policial",
alertó.
Al ser consultado sobre los motivos de este fallo, el
mandatario señaló que "hay condiciones objetivas para pensar que la
decisión tiene un trasfondo político" ya que "cuando los abogados que
presentaron el pedido fueron funcionarios durante los gobiernos de Celso
Jaque y Francisco Pérez, no se construyó ni un sólo metro cuadrado de
cárcel".
En referencia al objetivo de la reunión del próximo
lunes con la Corte, Cornejo adelantó: "Nos gustaría escuchar la opinión
de los integrantes de la Suprema Corte, pero también que nos escuchen a
nosotros y sobre todo a los referentes de las fuerzas de seguridad".
Por
su parte, el ministro Vennier también se manifestó sobre el fallo y
dijo que con esta medida se verá afectado el sistema carcelario y la
seguridad preventiva de la provincia.
El fallo de la Corte
Suprema de Mendoza hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado en
octubre por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y la
Asociación Civil Xumek.
Al hacer lugar al planteo, podrían quedar
en libertad 800 personas procesadas sin sentencia y se deberán respetar
los plazos que deben cumplir fiscales y jueces de garantías ante una
detención.
Tras una reunión por teleconferencia realizada ayer
con Cornejo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,
evaluó que la medida podría "crear un ambiente de indefensión en la
población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes
colaboraron como testigos con el sistema judicial y generar un claro
estado de gravedad institucional".