¿Qué implica el proyecto de ley que mandó el Gobierno?
El
proyecto deroga dos leyes del kirchnerismo: la ley Cerrojo y ley de Pago
Soberano. A su vez, establece que el Estado emitirá deuda para pagar el
acuerdo con los holdouts que, entre los fondos buitre y resto de los
"me too", alcanzan los 12 mil millones de dólares, a pagarse en
efectivo. Es decir: el Estado paga al contado y sale a endeudarse para
responder a esa deuda.
¿Qué dicen la ley Cerrojo y de Pago Soberano?
La
ley Cerrojo prohibía al Estado nacional ofrecer un canje de bonos en
default en mejores condiciones que la reestructuración de 2005 y 2010
(65% de quita sobre el monto total). En principio, había puesto un plazo
para aceptar la oferta del Estado, pero ese límite se derogó en 2013,
dejando abierta la posibilidad de forma indefinida a que cualquier
holdout se acoja a la reestructuración que proponía el gobierno de
Cristina Kirchner.
La Ley de Pago Soberano permitía cambiar al
Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario del pago de los
bonos de acreedores, operatoria que fuera trabada por Griesa en 2014
ante el no acuerdo con los fondos NML, Aurelius y Olifant. La ley deja
abierta la posibilidad de cambiar esos bonos de jurisdicción de EE.UU.
por otros bajo la ley argentina, que se pagarían a través de Nación
Fideicomisos.
¿En qué consiste la oferta a los holdouts?
El
proyecto de ley diferencia entre aquellos tenedores que no iniciaron
acciones judiciales de aquellos que sí, especialmente los fondos buitre.
Para los primeros, una oferta en efectivo del 150 por ciento sobre el
capital de los bonos defaulteados; para los segundos, que poseen una
sentencia firme que les reconoce capital, intereses y punitorios, un 70%
de la sentencia, también en efectivo.
¿Cuánto es la nueva deuda?
El
dictamen de mayoría que se trata en Diputados no tiene un monto
establecido, pero aclara que la emisión de deuda tendrá como finalidad
el pago de la deuda contraída por este acuerdo. Si hubiera un excedente,
aclara el proyecto, se tomará a cuenta de la deuda prevista por el
proyecto de Presupuesto 2016. En el Gobierno estiman que rondará los 12
mil millones de dólares.
¿Qué va a pasar con la Justicia norteamericana si se aprueba la ley?
El
juez Griesa avaló la oferta argentina y exigió que se eliminen las
"trabas legislativas" para el acuerdo. Sin embargo, un fallo de la
Cámara de Apelaciones puso en suspenso ese último fallo de Griesa que
establecía que las sanciones a Argentinas se levantaban ni bien el país
acordara. La oposición política quiere una redacción más clara del
artículo 5º del proyecto del Gobierno, para dejar bien establecido que
no se pagará hasta tanto la justicia de EE.UU. clarifique la situación y
establezca que Argentina no tendrá ninguna restricción una vez que se
materialice el acuerdo.