Así, el máximo tribunal exige al Ejecutivo la realización de audiencias
públicas previas para hacer efectivo el tarifazo para el sector
residencial y, hasta tanto, retrotrae el valor de la tarifa al momento
previo al aumento, es decir, al 31 de marzo.
A favor del
Gobierno, la Corte reafirmó su potestad de fijar las tarifas, en
sintonía con el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Los
jueces también resolvieron que el incremento al valor del gas deberá
ser gradual. De acuerdo al extenso fallo, de 112 páginas, los
magistrados determinaron que "las decisiones y objetivos de política
económica implementadas implican un importante cambio de financiamiento
del sistema energético nacional, sumados a la situación de deterioro que
sufre su abastecimiento -conforme a lo informado por la demandada- y a
la variación de los precios de la economía, con una inercia de más de
una década en el sentido descripto, imponen al Estado una especial
prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su
transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad
y razonabilidad".
Es decir- añadieron- "una relación
directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a
cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones
arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de
resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos".
El Gobierno
había aumentado la presión en los días previos al fallo, amenazando con
una hecatombe económica si no se avalaba la decisión de Aranguren. Mayor
endeudamiento y parálisis de la obra pública fueron algunas de las
profecías que formularon. Este fallo representa un fortísimo revés para
su política económica.