En tanto, el diputado nacional por el FpV-PJ, Rodolfo Tailhade, pidió la
reapertura de la causa por tráfico de datos de la Anses a la órbita de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y solicitó al juez federal
Sebastián Casanello que investigue si el presunto lavado de dinero,
realizado a través de aportantes falsos en la última campaña electoral
de Cambiemos, tuvo su origen con esa maniobra.“Es una denuncia del kirchnerismo”, contestó Vidal cuando el pasado
jueves –durante una conferencia en la localidad bonaerense de General
Villegas– le preguntaron sobre el escándalo de los falsos aportantes a
la campaña electoral de Cambiemos, obligándola a romper un silencio
absoluto de más de 20 días. La gobernadora también aprovechó para correr
el eje de la discusión: “Lo más importante es que la ley de
financiamiento de partidos políticos tiene lagunas y deficiencias”,
aseveró, demostrando su destreza en el arte de la elusión. También hizo
alarde de su buena disposición para “presentar todos los papeles ante la
Justicia”, algo que de cualquier manera está obligada a realizar: sobre
ella pesan tres causas penales.
Una de esas causas se inició con la
denuncia penal de la senadora García que, según anunció ayer, la
ratificará y ampliará. La presentación apunta directamente a Vidal en
tanto presidenta del PRO y al resto de las autoridades de la fuerza
política a nivel provincial por los delitos de lavado de activos,
usurpación de identidad, falsificación de documentos, y violación de
secretos y de la privacidad. “La respuesta de la Gobernadora es grave,
porque dice que la denuncia la hizo el kirchnerismo. ¿Tenemos que
explicarle a Vidal que por la gravedad de los hechos descubiertos
cualquier persona con responsabilidad tenía que haber hecho la
denuncia?”, cuestionó García durante una entrevista televisiva. Además,
la legisladora refutó las críticas que Vidal hizo sobre la ley de
financiamiento de partidos políticos: “La ley es muy clara y dice que
los aportes que reciba una agrupación política deben realizarse mediante
transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cualquier otro medio que
permita la identificación fehaciente del donante. También señala como
responsables al presidente y tesorero del partido”, retrucó.
En
paralelo, el diputado Tailhade –en base la investigación de El Destape–
solicitó en los tribunales de Comodoro Py la reapertura de la
investigación por tráfico de datos contra el jefe de Gabinete, Marcos
Peña; las autoridades de la Anses, Emilio Basavilbaso y Federico Braun, y
el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, cerrada por Lijo, a
pedido del fiscal Guillermo Marijuan, en 2016. Además, pidió al juez
Casanello que investigue “si efectivamente la información utilizada para
obtener falsos aportantes tuvo su origen en la base de datos de la
Anses, y se indague respecto de la participación criminal” de los
funcionarios. “Existen elementos suficientes para presumir que la base
de datos de la Anses fue utilizada fraudulentamente con el objeto de
obtener información detallada y actualizada de ciudadanos argentinos,
convirtiéndolos posteriormente en aportantes de campaña”, aseguró el
legislador.