El massismo incorporó a su vez un proyecto de resolución para solicitar
al Poder Ejecutivo que "deje sin efecto o suspendida" la medida.
La
versión de una ofensiva opositora contra la resolución 20/2018 tomó
fuerza el lunes cuando se tejieron los acuerdos entre las distintas
fuerzas políticas, y terminó de cobrar forma ayer: la jefa del bloque
del Frente Renovador, Graciela Camaño, tomó la delantera y comenzó a
girar el proyecto a las otras bancadas opositoras.
Así, tras la
rúbrica de Diego Bossio (Justicialista), fueron llegando las firmas de
Agustín Rossi (FpV), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Nicolás del
Caño (PTS-FIT), y varias otras, para llegar a un total de 19 firmas.
Todas estas bancadas ingresaron el lunes proyectos de derogación de la
resolución, que fueron incluidas en el temario de la sesión especial.
De
este modo, la oposición pretende asestarle al oficialismo un revés
parlamentario, para que pague el costo político de una medida que
considera "inconstitucional" por el carácter retroactivo del adicional,
que se repartiría en 24 cuotas de 100 pesos mensuales.
Sin embargo,
lo apretado de los tiempos impediría que la oposición llegue al recinto
con dictamen favorable, por lo que de lograr quórum para habilitar la
sesión precisaría una mayoría calificada de dos tercios de los votos,
una cantidad que no está en condiciones de garantizar por sí misma.
El
oficialismo descansa sobre la certeza de que finalmente la sangre no
llegará al río, pero la perspectiva de que la controversia del
"tarifazo" del gas, en la que el Gobierno aparece solidario con las
compañías prestatarias en detrimento de los usuarios, amplifique su eco
en el Congreso de la mano de la oposición, lo pone en una posición
incómoda y a la defensiva.
Desde el gobierno, Iguacel justificó el
ajuste y dijo que está a disposición de la Justicia para rendir cuentas
sobre la medida, luego de que el fiscal Guillermo Marijuán lo denunciara
por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de
funcionario público.