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 Lo hace a contrarreloj y antes de que las minorías parlamentarias se 
modifiquen, en función de los resultados de las elecciones del 27 de 
octubre. Especialistas en política comunicacional y representantes del 
Frente de Todos en esos organismos denunciaron y rechazaron una visible 
maniobra que no respeta el procedimiento legal para las designaciones y 
que compromete la transparencia e institucionalidad de los organismos de
 control en el clave sector de las telecomunicaciones.
Como el 
moño que le pone cierre a la errática, permeable y regresiva política 
comunicacional impuesta a puro decreto por el gobierno de Macri, que 
comenzó con el DNU 267 publicado el 29 de diciembre de 2015, que 
desguazó el corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(LSCA), la gestión saliente busca seguir metiendo mano en los organismos
 claves que regulan el mercado de las telecomunicaciones. De un día para
 otro, el presidente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
 de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las 
Telecomunicaciones y la Digitalización, el senador de Cambiemos por 
Santa Cruz, Eduardo Costa, convocó a una reunión de urgencia a dicho 
apéndice parlamentario para hoy a las 11 de la mañana. La Comisión 
Bicameral está integrada por ocho senadores y ocho diputados de la 
primera, segunda y tercera minorías parlamentarias.
El temario 
anunciado para la reunión propone la designación del titular de la 
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 
inicio del procedimiento de propuestas al Ejecutivo Nacional de los tres
 candidatos para el Directorio de RTA correspondientes a la primera, 
segunda y tercera minorías parlamentarias. Y por último el inicio de 
procedimiento de propuestas de los tres candidatos al directorio del 
Enacom correspondientes a la primera, segunda y tercera minorías 
parlamentarias.
Las designaciones que el oficialismo busca 
aprobar antes de marcharse son de una relevancia institucional enorme, 
ya que en todos los casos se trata de organismos que regularán el futuro
 del mapa mediático argentino, tanto en los medios públicos como en los 
privados-comerciales. El apuro de parte de Cambiemos parece estar sujeto
 a dejar en RTA, Enacom y en la Defensoría del Público a directores que 
garanticen una mayoría propia. Algo que se contrapone con la 
conformación del nuevo Congreso, con sus nuevas minorías.
Más 
allá de la maniobra, a todas luces sospechosa, hay otros puntos que 
cuestionan la legalidad de las designaciones. Uno elocuente es el 
referido a los directores de RTA. La LSCA, que aunque limitada por 
decreto aún permanece vigente, señala que los mandatos de los siete 
miembros del directorio van descalzados dos años de los mandatos 
presidenciales. Por lo tanto, la Bicameral podrá proponer a los tres 
directores que le confiere la ley, pero legalmente recién podrán asumir 
en diciembre de 2021.
La designación del titular de la Defensoría
 del Público no se queda atrás. Conforme a la LSCA y sus modificatorias 
posteriores, el titular de la Defensoría debe ser designado por 
resolución conjunta de ambas cámaras. Pero antes se debe publicar el 
nombre y los antecedentes curriculares de los aspirantes y garantizar 
los mecanismos para que se puedan expresar adhesioes o rechazos. Ninguno
 de los pasos del procedimiento que estipula la norma para la 
designación del titular de la Defensoría se cumplió hasta el momento. Ni
 siquiera hay nombres propuestos para ese cargo. Si acaso en la reunión 
de hoy se propusiera un candidato, los 15 días hábiles de plazo para 
completar la institucionalidad de la designación superaría holgadamente 
el 10 de diciembre. 
A
 la decisión de proponer a los tres candidatos al directorio del Enacom,
 realizada por una Bicameral cuya conformación finaliza en 12 días, le 
vale la misma sospecha de legitimidad. Con un detalle que sintetiza la 
gubernamentalidad con que Cambiemos planificó su política de regulación 
en el sector de las comunicaciones: en el decreto 267/15 que creó el 
Enacom (que absorbió las competencias de la AFSCA y la AFTIC, las cuales
 fueron disueltas), el artículo 5 estipula que los directores del órgano
 que regula a las telecomunicaciones en el país “podrán ser removidos 
por el PEN en forma directa y sin expresión de causa”. Un poder que le 
confiere al presidente de turno una discrecionalidad tal que puede 
remover directores y a los representantes de la minoría.
Todas 
estas desprolijidades llevaron a que la representación de la minoría 
rechazaran la convocatoria dispuesta para hoy. El diputado Pablo Carro 
(FpV) y secretario de la Bicameral explicitó su absoluto rechazo a la 
reunión. “También en políticas de comunicación, Cambiemos pretende 
resolver en tiempo de descuento, forzando decisiones que no resisten 
legitimidad ni procedimientos, vía la Comisión Bicameral Audiovisual y 
TIC”, denunció el legislador cordobés, que ve en esta decisión del 
gobierno de Macri otro paso más en el nombramiento de funcionarios 
políticos de su cercanía, a días del fin de su mandato. El diputado, 
además, expresó la posición de su bloque: “No avalamos la convocatoria 
ni el temario apresurado para cualquier decisión que comprometa la 
diversidad y el pluralismo en las comunicaciones. Vamos a recuperar la 
institucionalidad, el pleno y transparente funcionamiento del Enacom y 
la Defensoría del Público”

