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La "Gestapo" macrista y la persecución a jueces
Corría el año 2018, pleno gobierno de Cambiemos, y el entonces camarista de Mar del Plata Jorge Ferro había quedado envuelto en un escándalo que lo vinculaba con maniobras para beneficiar a un imputado en una causa sobre trata, explotación sexual y lavado de dinero en el viejo prostíbulo/whiskería Madaho's, que hizo mucho ruido.
El juez estaba complicado: en el expediente en su contra aparecieron
e-mails, mensajes, y hasta una tarjeta de crédito que lo ligaba con
aquel sospechoso, un abogado llamado Alejandro Ferrarelo. También tenía
una denuncia avanzada en el Consejo de la Magistratura. Su panorama era
negro. Sin embargo, estaba tan incorporada la costumbre de presionar a
jueces y juezas, y de hacerlo a menudo con información obtenida de bases
datos --públicas y reservadas--, que dos integrantes del Consejo de la
Magistratura lo invitaron a renunciar advirtiéndole que sabían muchas
cosas de él, según relató el propio Ferro el día de su indagatoria en
abril del año pasado, cuyos detalles se conocen ahora, y a la que
accedió Página/12. Dados los métodos que hoy se aprecia con nitidez que
utilizaron los dirigentes macristas, con tal de conseguir sus objetivos
--en este caso probablemente una vacante rápida en la justicia federal--
el republicanismo no era exactamente lo que los guiaba.
“Doctor
Ferro, a usted le conviene jubilarse y se puede dedicar a sus nietos y a
los viajes, que a usted le gusta”, fue la frase que, según contó el
excamarista, le dijo el diputado y Consejero de Juntos por el Cambio
Pablo Tonelli. Su relato fue ante el juez Santiago Martín y la fiscala
Laura Mazzaferri, cuando lo indagaban. "Mire señor juez, confieso que me
asusté. Me asusté no porque tenía nada que ocultar sino porque cabe
preguntarme cómo sabía el doctor Tonelli que a mí me gustaba viajar. Si
era un tema de conversación que jamás yo había entablado con él y solo
la relación era estrictamente por el caso de la denuncia del Ministerio
Público (en su contra ante el Consejo)", señaló el exmagistrado. Según
Ferro, en ese momento le dijo a Tonelli que no quería renunciar, que
quería seguir con los juicios de lesa humanidad que llevaba en Bahía
Blanca y que estaba "en el mejor momento" de su "carrera" (sic).
Para
el team macrista en aquel entonces había dos cuestiones claras, que ni
siquiera necesitaban ser explicitadas: no era de su interés el avance de
las causas sobre crímenes del terrorismo de Estado (incluso Mauricio
Macri ya durante su campaña presidencial habla con desprecio de lo que
llamaba "el curro de los derechos humanos") pero, en cambio y por sobre
todas las cosas, sí les resultaba prioritario generar la mayor cantidad
de lugares posibles en los tribunales, en especial los federales, para
poblarlos con sus aliados. El mismo Macri lo sinceró, cuando dijo que si
los jueces no buscaban la verdad --la verdad entendida según su
criterio-- "buscaremos otros jueces".
El método M
El uso de datos
privados sobre jueces y juezas para hostigarlos, denunciarlos,
generarles "carpetazos" o desgastarlos con comentarios públicos, fue
confirmado por el fiscal Franco Picardi como un rasgo habitual del
gobierno de Macri en la causa donde se investiga la llamada "mesa
judicial". Desde distintos organismos públicos (AFIP, Agencia Federal de
Inteligencia, Anses, Ministerio de Seguridad) se accedía a bases de
información, como el Registro de Migraciones, que muestra entradas y
salidas del país, y otras bases privadas que ofrecen información
patrimonial como Nosis. Esa causa está enfocada en la persecución desde
el gobierno contra los jueces Alejo Ramos Padilla, Martinas Forns, Ana
María Figueroa, Eduardo Freiler, un grupo de jueces laborales, entre
otros, y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. Sobre ésta última se
detectó, además, un seguimiento específico desde una agente de la AFI.
En la mesa judicial que digitaba el armado de causas y aprietes había
integrantes del gabinete y tenía un papel central el operador Fabián
"Pepín" Rodríguez Simón, que se fugó a Uruguay precisamente para evitar
ser juzgado por amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo
Indalo, que hasta fueron detenidos, en una causa emparentada.
Por
aquella práctica de rastrear información privada para amedrentar, es
verosímil lo que declaró Ferro mientras debía responder preguntas como
imputado. Lo insólito es que, en su caso, precisamente había un avanzado
proceso judicial en marcha donde cinco fiscales --entre ellos los
titulares de la Procuraduría de Trata y explotación de Personas y de la
Procuraduría antilavado-- coincidieron en su responsabilidad en los
intentos por ayudar a un imputado en una grave causa que incluía
explotación sexual y lavado, y esos mismo investigadores fueron quienes
hicieron la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Al parecer los
consejeros querían apurar el trámite, y en lugar de esperar a que se
defendiera en un proceso disciplinario, forzaron una renuncia que no les
costó demasiado conseguir, invocando los métodos más sucios a los que
recurría la mesa judicial para con magistrados/as que no satisfacían sus
deseos. El caso de Ferro, donde convergían un juez que había dejado
rastros de posibles delitos propios por todos lados y que ahora está
procesado con consejeros que le avisaban que sabía mucho sobre él,
parece la pintura acaba de lo que Alberto Fernández llamó "los sótanos
de la democracia".
Ferro intentó explicar en su declaración por
Zoom que su contacto con el Consejo de la Magistratura era a través de
Tonelli y del entonces presidente del organismo, el abogado Miguel
Piedecasas. Les planteaba, insistió, que quería defenderse e ir a
declarar ante los consejeros. A Tonelli dijo que le preguntó: "Doctor
¿pero cuál es la razón por la cual usted me está sugiriendo la
posibilidad de que yo renuncie?” y que el diputado le respondió: “¿Sabe
por qué le sugiero esto Doctor Ferro? Porque hay dos mujeres que me
rompen las pelotas para que le habrá la causa a prueba a usted”. En el
Consejo interpretan que esas mujeres serían referentas de la Coalición
Cívica.
"Mejor que se jubile, doctor. Tranquilidad para usted y
tranquilidad para nosotros", describió Ferro que le dijo también
Piedecasas. Entonces él le anticipó al consejero, según su relato, que
aceptaba, que renunciaría, y que le convenía quedarse con la jubilación
como magistrado. En la indagatoria dijo por todo lo que le habían dicho
se había sentido "amedrentado" y entendió que "debía renunciar y
acogerme a una jubilación acordada". Quedó en avisar en cuanto
presentara la nota formal y así fue que le llevó la copia a Tonelli.
"Acá tiene la copia", declaró que le dijo. El diputado le respondió que
no la necesitaba porque ya se la había mandado el exministro de
Jusiticia, Germán Garavano.
El papel de Tonelli
El diputado
Tonelli llegó al Consejo de la Magistratura con polémica: ocupó el lugar
que dejaba la entonces diputada Anabel Fernández Sagasti, por el Frente
para la Victoria, a quien se le terminaba el mandato legislativo.
Tonelli consiguió votos de distintos bloques y se apoltronó en el
organismo que elige y tramita sanciones contra jueces/zas. El conflicto
se judicializó, pero él ganó, y sigue en el cuerpo. Con el tiempo quedó
claro que era alguien que llegaba con la misión de concretar aquello que
Macri había anunciado: apostar a tener un Poder Judicial a medida.
Desde
el Consejo, Tonelli fogoneó juicios políticos y en la larga lista de
acusaciones que promovió Cambiemos, se ocupó con dedicación a la del
juez Alejo Ramos Padilla, cuyo expediente le tocó instruir cuando el
macrismo trataba de atacar su investigación sobre espionaje. "Se ha
excedido", decía. "Queremos asegurar la independencia", agregaba un
latiguillo frecuente usado para distorsionar la esencia de la
independencia judicial. También procuró justificar públicamente la
maniobra que se hizo en el Consejo para tener una mayoría para suspender
al excamarista Eduardo Freiler, al no esperar que se incorporara un
consejero que estaba jurando en la Corte. Cuestionó públicamente a la
jueza de Casación, Ana María Figueroa, la primera en denunciar presiones
del gobierno de Macri. Descalificó hasta el cansancio a Gils Carbó y
amenazaba con enjuiciarla.
Desde otro ángulo, participó en la
estrategia para lograr designaciones a dedo de jueces, por el mecanismo
de traslado, como la que benefició a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo
Bertuzzi con cargos en la Cámara Federal. En diciembre último incluso
se encargó de frenar el concurso para reemplazarlos y a Bertuzzi lo
incluyó en una terna que presentó en minoría. Todo un sistema aceitado,
con los hilos cada vez más visibles, todavía difícil de desarmar.
12/02/2022 (6506)
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