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La Justicia porteña declaró nulo el convenio que habilitó las torres de IRSA
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones sociales que pedía la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa constructora IRSA. El mismo habilita un emprendimiento inmobiliario en unos terrenos situados en la Costanera Sur.
En el escrito, cuestionaron “la falta de participación ciudadana de
forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la
elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final” en
torno al proyecto inmobiliario conocido como “Costa Urbana”. En rigor,
el predio en cuestión pertenece a la empresa IRSA, no obstante el lugar
no tenía, antes del convenio, el permiso necesario para la construcción
de viviendas en altura dado que solo estaban autorizados usos deportivos
ya que allí iba a levantarse la Ciudad Deportiva Boca Juniors, algo que
nunca ocurrió.
ciudad: por primera vez en 20 anos, el umbral de la
indigencia subio mas de 10%. En la sentencia, Ammirato sostuvo que “el
procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio
urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que
la ley impone” y añadió que “este vicio del trámite se traslada al
convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó”. Con estos
argumentos, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo
entablada “admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación
de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio
urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
empresa IRSA”.
Así lo informaron los amparistas, que en julio del
2021 elevaron el recurso colectivo ante el juzgado en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario 10, a cargo de Aurelio Ammirato, para frenar
el acuerdo urbano sobre el predio de España 2230/40 que permitió la
construcción de una decena de torres de 145 metros de altura. La causa
judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad
(ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la
Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la
Defensoría de Laburantes (La Defe).
12/03/2022 (6555)
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