 
		
A partir de esa decisión y auto limitándose en sus propias facultades 
para proponer los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte 
Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una 
Corte ejemplar.
Hombres y Mujeres a quienes el Presidente no 
conocía siquiera personalmente, dictaron fallos memorables como el de la
 inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, 
que ubicaron a la Argentina en el escalón más alto del podio de Derechos
 Humanos a nivel global.
Sin embargo, a fines del año 2015, poco 
quedaba de aquella Corte ejemplar: la muerte de algunos de sus miembros 
más connotados, la renuncia de otro jurista de prestigio internacional 
al haber cumplido los 75 años que marca como límite la Constitución y la
 negativa de la oposición a votar a los candidatos propuestos para 
ocupar las vacantes, dejaron al alto Tribunal con apenas tres miembros.
La decadencia
El
 10 de diciembre de 2015 asumió como Presidente de la Nación Mauricio 
Macri. Apenas 4 días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad 
institucional: en abierta y flagrante violación de la Constitución 
Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio 
Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema, quienes,
 a su vez, aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma 
Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los 
ciudadanos.
Este episodio constituyó, sin lugar a dudas, un punto
 de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala 
del proceso de persecución política, judicial y mediática, que se desató
 en toda la región con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador.
De
 ello da cuenta el emblemático testimonio fotográfico del entonces 
presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, junto a Bonadío, el juez 
sicario, y Sergio Moro, el Juez que encarcelo durante casi dos años al 
ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, abortando su candidatura 
presidencial y permitiendo la llegada de la extrema derecha al gobierno 
del Brasil.
Paralelamente, en los Tribunales de Comodoro Py se 
inventaba un nuevo método de privación de la libertad que se conoció 
como la “Doctrina Irurzun”. La misma consideraba que los funcionarios 
del gobierno peronista finalizado el 10 de diciembre de 2015 conservaban
 un “poder residual” y por lo tanto debían ser privados de su libertad 
para no “obstruir” las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de
 ellos. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y
 hasta empresarios de medios no afines con el Gobierno de Mauricio 
Macri.
Esa “nueva” Corte, no sólo convalidó la persecución que 
aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de permanentes 
intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y 
los recursos del Poder Judicial.
Esa lucha culminó el 22 de 
septiembre de 2021, en un verdadero y auténtico escándalo: una Corte 
fracturada eligió a Rosatti y Rosenkrantz como presidente y vice. La 
decisión se tomó con la ausencia de los otros dos miembros y Rosatti 
tuvo que autovotarse para poder ser presidente; igual que en la época de
 la mayoría automática con Nazareno, el mismo que había amenazado al 
presidente Néstor Kirchner con la dolarización.
Así, en una Argentina circular, se retornaba a las épocas de desprestigio y decadencia del máximo Tribunal argentino.
La Corte de los cuatro
Luego
 de la renuncia de Helena Highton, la única mujer de ese cuerpo, la 
Corte quedó reducida a tan sólo cuatro miembros y comenzaron a salir a 
la luz otros escándalos.
El vaciamiento por cifras millonarias de
 la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y
 familiares de uno de los cuatro cortesanos.
Causas penales 
contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y 
otra vinculada a su pasado como Intendente de la ciudad de Santa Fe, en 
la que recusó al Juez que lo investigaba y sospechosamente logró 
apartarlo.
Son sólo algunos de los hechos que tornan a esta Corte
 de apenas cuatro miembros en un órgano muy vulnerable frente a las 
presiones de los poderes fácticos y mediáticos.
Con tantos 
muertos en sus roperos, no les queda más remedio que hacer lo que les 
manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros.
Así
 es como en el año 2021 sucede algo realmente increíble: después de 15 
años de vigencia ininterrumpida (lo que equivale a casi cuatro períodos 
de gobierno) la Corte de los cuatro declara inconstitucional la Ley del 
Consejo de la Magistratura sancionada en el año 2006; a la luz de la 
cual se designaron más de las dos terceras partes de los magistrados que
 conforman hoy el Poder Judicial de la Nación.
Peor aún. 
“Resucitan”, además, la ley anterior que establecía que el Presidente de
 la Corte Suprema presidía el Consejo de la Magistratura. Toda esa 
maniobra era una vieja cruzada del Grupo Clarín que siempre se opuso 
tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006.
Queda claro 
entonces que el objetivo no sólo es la Presidencia de la Corte, sino 
intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, 
proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara 
Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar 
con la persecución.
La persecución continúa
En esa dirección 
es como los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar 
-cual modernos Nostradamus-, como iba a fallar la Corte de los cuatro, 
en la causa fraguada y conocida mediáticamente como “vialidad” u “obra 
pública”. La misma en la que, con calendario electoral en mano, 
iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes 
antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales.
Así
 y con tres años de demora, la Corte de los cuatro falló exactamente 
como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los 
recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado.
Fue un 
fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y el 
lenguaje ofensivo utilizado -llegando a citar como antecedente el del 
genocida Jorge Rafael Videla-, se le sumó el prejuzgamiento explícito y 
descarado de los cuatro cortesanos, como un aval anticipado para la 
condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019 ante el Tribunal 
Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada.
Un
 periodista de investigación dio precisiones sobre el fallo: “la 
apariencia jurídica provino de penalistas colaboradores de Juan Carlos 
Maqueda y las frases mordaces y despectivas se originaron en la 
presidencia del tribunal, con aportes de pluma del periodista Silvio 
Robles”, mano derecha de Rosatti para todo tipo de funciones, quien 
además, ante algún interlocutor, llegó a afirmar que la “Doctrina 
Irurzun” en realidad fue escrita de puño y letra por el entonces 
Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y no por el tan mentado 
camarista.
El plan canje
Al día siguiente que la Corte de los 
cuatro emitiera ese fallo, aparece en escena, cual Dartagnan judicial 
-uno para todos y todos para uno- el inefable Fiscal Stornelli, pidiendo
 el cierre de la causa penal que investiga el vaciamiento de la Obra 
Social del Poder Judicial y que involucraría a Juan Carlos Maqueda.
Sí,
 Stornelli. El mismo que pese a estar procesado hace más de dos años por
 distintos delitos -entre ellos perseguir al ex marido de su actual 
pareja para intentar plantarle droga-… aún continúa siendo fiscal. A 
cambio espera el voto favorable de Maqueda en todos los recursos que 
presentó ante la Corte y así lograr su impunidad en la causa en la que 
está procesado. Lo que se dice… un verdadero “plan canje”. Ya se sabe: 
en Comodoro Py una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara.
La Corte de los cuatro en la vida de los argentinos
Estos
 graves hechos reseñados pueden parecer ajenos a los problemas 
cotidianos de los argentinos. Sin embargo, a poco que se mire, se 
advierte que no es así.
Se trata de la misma Corte de los cuatro y
 el mismo Poder Judicial que le hicieron ganar multimillonarias sumas en
 dólares a grandes empresas de telecomunicaciones, al permitirles 
aumentar escandalosamente los precios de la telefonía celular y de 
internet suspendiendo la vigencia del Decreto 690, que declaraba 
servicio público a tales actividades.
Cómo dijo recientemente el 
cortesano Rosenkrantz, que fue abogado del Grupo Clarín: “decir que 
donde existe una necesidad, existe un derecho es una afirmación de fe 
pupulista” y, por lo tanto condenable… Salvo, claro que, como está 
demostrado, la necesidad sea la de sus patrones.
Es también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas
cautelares,
 que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 
millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país luego del
 criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri, que alcanzó extremos 
inimaginables con el increíble préstamo de 45.000 millones de dólares 
del FMI. Endeudamiento criminal que ningún Fiscal ni Juez ha decidido 
investigar aún.
Y por si algo faltaba como prueba, el pasado 
viernes Bruglia y Bertuzzi (los puestos a dedo por Macri en la Cámara 
Federal y ahora custodiados por Rosatti en el Consejo de la 
Magistratura) confirman, una vez más, su rol de guardianes de la 
impunidad macrista: junto a Llorens, el visitador de Olivos y la Rosada,
 salvan a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las 
víctimas del ARA San Juan, la tragedia más grande de la Armada Argentina
 en tiempos de paz.
La existencia abrumadora de pruebas sobre el 
espionaje (videos, fotos, grabaciones, testimonios) torna al fallo no 
sólo en algo verdaderamente escandaloso, sino que además marca un 
peligrosísimo antecedente: como no pueden ignorar las evidencias 
probatorias del delito terminan avalando tareas de inteligencia sobre 
familiares de las víctimas violando así, no sólo la Ley de seguridad 
interior sino todas y cada una de las garantías construidas en Derechos 
Humanos después de la dictadura.
De esta manera el Poder Judicial
 devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de 
los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los 
ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional.
Los
 argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar 
las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo 
de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de 
igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución.
Nada 
puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga 
legitimidad. Legitimidad que sólo se logra a partir de la credibilidad y
 el respeto que sobre sus decisiones tenga la ciudadanía.
Pienso y
 creo, sinceramente, que todos los Partidos Políticos de la República 
Argentina; de izquierda a derecha y pasando por el centro, tienen un 
imperativo categórico y republicano: el de construir, como hizo Néstor 
Kirchner en el 2003, con apenas el 22% de los votos y en el marco de una
 crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una 
Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo.

