Día clave para Justicia y Seguridad en Pcia. de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires : Día clave para Justicia y Seguridad

Por Carlos Alberto Garcia Lacamara <garcialacamara@yahoo.com.ar>

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En un contexto de cuestionamientos cada vez mayor tanto accionar de la Policía de la provincia, como a la investigación criminal y los procesos llevados adelante por el Poder Judicial, hoy es un día clave dado que por un lado el Ejecutivo bonaerense presentará en el transcurso del día el proyecto de Policía Judicial y por otro lado se
realizará una marcha por los asesinatos de los "pibes" de La Corcova
en manos de efectivos de la "Bonaerense".
La gestión del gobernador Daniel Scioli heredó casos paradigmáticos de crímenes sin resolver donde policía y justicia han estado seriamente cuestionados por su ineficacia o por sus sospecha de connivencia. Desde el caso Nair Mostafa en tiempos del gobernador
Cafiero, pasando por los crímenes de La Payanca hasta la desaparición de Julio López, testigo clave en las causas de lesa humanidad del siniestro "Circuito Camps"".

La gestión Scioli, primero con el fiscal federan Carlos Stornelli como ministro de Seguridad y Ricardo Casal como ministro de Justicia y ahora con Casal a cargo de las dos carteras unificadas; para no ser mas que los antecesores tiene en su haber desde el "caso Pomar", pasando por la desaparición de Luciano Arruga, los últimos y resonantes caso como la muerte de Candela Sol Rodríguez y el cuádruple asesinato de La Loma en La Plata, donde el "punto" justoera la pareja de una de las victimas que era "celoso" y "karateca".

En todo este tiempo, quien ha estado a cargo de la Procuración General de la Suprema Corte es María del Carmen Falbo una es diputada nacional, conspicua colaboradora del ex gobernador y presidente elegido por el Congreso Nacional; que llegó a ese cargo
luego del fallecimiento del procurador Eduardo de la Cruz, en tiempos del gobernador Felipe Solá y de Juan Amondarain, presidente del bloque de Senadores del Partido Justicialista, previa a la conformación del Frente para Victoria.

De aquellos tiempos, en los pasillos del Senado bonaerense quedo una anécdota. Falbo para ocupar la Procuración fue votada por unanimidad por todo el cuerpo legislativo de la Cámara alta provincial y al entonces senador Amondarain en tertulia posterior a la sesión pertinente se lo escucho decir, "si, si fue un logro barbaro, conseguí que la votaran todos; pero no nos quedo nada". Cuando el ex senador "menemista convencido" y ahora ladero del alcalde tigrense Sergio Massa, dijo esa desafortunada frase, se estaba refiriendo a "el incentivo" que había llegado para convencer a sus pares de que votar
a María del Carmen Falbo para Procuradora General de la Corte provincial.

La pregunta es: de donde llegó esa "caja" y quienes aportaron. La respuesta comienza a dilucidarse por estos días en una nota titulada "Un escandolo que complica" firmada por Carlos Pagni en el diario La Nación respecto al asesinato del "buchón policial" Andrés Lezcano en manos del ahora preso Claudio Arnouk, jefe de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Villa Gesell, con quien Lezcano "colaboraba".

En la mencionada nota Carlos Pagni llama al orden al ministro Casal y despega a la procuradora Falbo; interrogándose: "¿Qué influencia tuvo Casal en la designación de Centurión en aquella fiscalía? Cerca de la procuradora María del Carmen Falbo creen que mucha". Cristian Centurión, era el fiscal del Departamento Judicial Dolores que tenía a cargo la investigación de la muerte de Lezcano y "planchó" la causa.
Centurión fue desplazado de la Justicia imputado de extorsionar a políticos y empresarios mediante el armado de causas.

El metamensaje o mensaje subliminal o simplemente mensaje explícito de la nota de Pagni es "Falbo no se toca". La Procuradora representa el "orden conservador" dentro del Poder Judicial donde hay una justicia para el común y otra para el "poder" provincial. Ha manejado con mano de hierro de los fiscales díscolos que se han atrevido a investigar al "poder" y ha "dejado hacer" mediante el "dejar pasar" las denuncias de jury a jueces que sus fallos afectaban "el orden conservador" del que la punta del iceberg se ve en la justicia penal pero en verdadero meollo esta en los fueros civil, comercial, laboral y los casos del Tribunal Fiscales donde los grandes deudores
terminan apelando “con éxito” a la justicia ordinaria provincial.

En tiempo de Ismael Pasaglia, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, en un encuentro sobre "policía judicial" organizado por el entonces diputado radical Gustavo Ferrari; la procuradora María del Cármen Falbo, sostenía en su exposición que “cuando hablamos de la falencias de la Justicia y de la Seguridad, estamos diciendo que unas de las patas para la resolución de estos problemas será la Policía Judicial. Por ello aliento al trabajo legislativo que viene haciendo el diputado Ferrari, junto con el resto del cuerpo, porque ahora les toca a los legisladores la misión de seguir perfeccionando, actualizando y mejorando esta herramienta, para que nosotros podamos garantizar y ejecutar un optimo funcionamiento de la Justicia y la Seguridad en beneficio de los habitantes de nuestra provincia”.

En ese evento, la Procuradora además agregó “buscamos una policía judicial independiente dentro del Ministerio Público, capacitada con los perfiles adecuados que permita la tarea interdisciplinaria, con un trabajo de campo, en el lugar de los hechos, siendo de esta manera el brazo del cual pueda valerse el fiscal a cargo de la investigación penal preparatoria, buscando así arribar a un buen puerto”.

Hoy por hoy, son muchos los que creen que la idea de la creación de la "policía judicial" Falbo no la ve con buenos ojos y si bien en sus últimas declaraciones uso el adjetivo "magnífico" también dijo que "será necesario que el proyecto final sea discutido en profundidad" y que implemente para el 2013.

Un prominente abogado penalista de origen radical, autor de libros en la materia y defensor exitoso de varios jurys en off dejó trascender que mientras este Falbo de procuradora es imposible pensar en una Justicia provincial mas transparente, eficaz y justa y en la últimas apreciaciones al periodismo tanto Alberto Binder, presidente del
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y Diego Gorgal - los cuales en común no tienen nada, salvo su especialización en materia de gestión de la seguridad pública" señalan que en este contexto la policía judicial por si sola no es solución porque no solo hay fallas en la investigación criminal por parte de la Justicia sino también hay corrupción. Ya hay quienes estudian denunciar a la Procuradora y llevarla a un Jury, dicen "hay sobradas pruebas sobre su mal desempeño" en caso que fuera invitada a "alejarse del cargo" y no aceptara.

Hoy, el Movimiento Evita y la Cámpora desde las 18 se movilizaran para recordar el hecho en el que efectivos de la Bonaerense asesinó a Franco Almirón, de 16 años, y a Mauricio Ramos, de 17; en reclamo de Justicia.
El diputado nacional Leonardo Grosso del Movimiento Evita, en diálogo con AgePeBa señaló "reclamamos Justicia, para que los dos policías involucrados tengan condena, pero también exigir que se avance sobre la responsabilidad política; existen sobradas pruebas de que no fue un policía que se equivocó y puso cartuchos de plomo. Hubo una órden y queremos llegar hasta los responsables de haberla dado”.

"En este proyecto de país, no hay lugar para esto”, remarcó Grosso.

Por otro lado, el CELS, denunció "en el último año, el gobierno provincial no tuvo voluntad política de revertir las condiciones que posibilitan el abuso policial en los barrios pobres", y reclamó, también la responsabilidad política por estos hechos.

En defensa del gobernador Daniel Scioli y de sus buenas intenciones - que no están en duda - en materia de Seguridad y Justicia hay que señalar que en la policía hay una multiplicidad de factores y poderes que influyen. Como muestra vale resaltar solo dos hechos, antes de comenzar su primera gestión, Scioli en reunión con los intendentes del conurbano de manera "enfática" le pidio que había que terminar con las "cocinas de paco". A las horas, la información aparecía en los medios como off de record de los presentes. Los voceros "sciolistas" estaban horrorizados por la filtración. Hoy ya se sabe que quien dio el off fue el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, un ex munistro de Seguridad bonaerense. Las intenciones del off son un interrogante.

En la última tanda de pases a retiro en la Bonaerense, se paso a retiro a un comisario con más 35 años de antigüedad que actúa en la Región Capital; el solo llamado de un intendente de la zona al Ministro hizo que de la noche a la mañana volviera a estar en funciones.

Las mejores intenciones chocan con una realidad donde múltiples intereses de la dirigencia bonaerense influyen sobre las decisiones y comportamiento de la "Bonaerense".

Por otro lado, el gobernador Daniel Scioli ingresará por la Cámara alta provincial el proyecto de creación de la Policía Judicial, donde ya hay proyectos presentados de los senadores radicales Nino y Costa. El proyecto que el Ejecutivo presentará ante el Senado deberá cumplir con os 14 puntos del documento de la "Convergencia para la
Democratización de la Justicia" titulado "Consensos para la Implementación de la Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires" elaborado en el marco de la Comisión Provincial de la Memoria. Scioli y Casal en la defensa de proyecto tendrán la ayuda adicional de la actual viceministra de Seguridad, Silvia La Ruffa quien tiene muy estudiado y afiladito el tema y fue autora de un proyecto de "policía judicial" para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando era legisladora de la Ciudad.

"La investigación eficaz de actividades delictivas, no sólo necesita de un órgano acusador, el Ministerio Público Fiscal, especializado y consustanciado con su rol, sino además, de un sistema organizativo y procedimental que le asegure la recolección y conservación de las pruebas de cargo y de descargo, ya sea para acusar o instar el
sobreseimiento. En otras palabras, requiere de la Policía Judicial y de una ley procesal adecuada", señaló La Ruffa en la fundamentación de su proyecto de "policia judicial".

El vicegobernador Gabriel Mariotto tiene al núcleo duro de los senadores mas afines a él - los que cohabitan junto al Vicegobernador en el edificio de calle 7 y 49 - estudiando la cuestión y el mismo Mariotto o su equipo de colaboradores mas íntimos los llaman y a pie firme siguen loa avances que ha realizado cada senador en sus estudios e investigaciones sobre "policía judicial" y en Diputados el proyecto "sciolista" tendrá el ojo crítico de Marcelo Saín, legislador por Nuevo Encuentro con vasta experiencia en materia de seguridad y autor de documento "Democracia, Seguridad Pública y Policía. La reforma del sistema de seguridad y policial en la Provincia de Buenos Aires" editado por el CELS.

Así el estado de las cosas, en los próximos meses los bonaerenses tendrán Policía Judicial.

El interrogante es si en materia de justicia y seguridad se podrá poner a la Provincia en sintonía con las políticas públicas del Proyecto Nacional que encabeza la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; con actores fundamentales como Ricardo Casal al frente del ministerio unificado, Falbo a cargo de la Procuración; a lo que hay que agregarles los ministros de la Corte provincial, Eduardo Julio Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Luis Genoud, tres émulos bonaerenses de Joseph Fouché, Duque de Otranto a los que la "corporación política" de la Provincia los premió con su actuales cargos en la Corte por sus gestiones a cargo de la cartera de Seguridad.

En este contexto es donde se entienden los dichos del vicegobernador Gabriel Mariotto de "profundizar las políticas del gobierno nacional en la Provincia" y el castigo mediático que recibe desde el "corpus periodístico dominante" afín con ese orden conservador de los "negocios" y de una justicia "injusta" hacia el más débil.