
Revitalizado por la media sanción de la ley Bases en la Cámara de 
Diputados, recuperando agenda y centralidad en grandes proporciones tras
 el golpe que significó la marcha universitaria del 23 de abril, el 
gobierno de Javier Milei tiene bien claro qué camino debe recorrer de 
cara al segundo semestre. Un sendero que incluye sellar el Pacto de Mayo
 y avanzar a toda marcha con nuevos paquetes de privatizaciones de 
empresas del Estado, resoluciones para desregular la economía, 
iniciativas “anticasta” y el impulso de proyectos de seguridad y 
defensa.
Uno de los colaboradores del Presidente suele comentar en 
Balcarce 50 que el economista no siempre apuesta al todo o nada. “Javier
 analiza muy bien los escenarios y no se queda solamente con el plan A: 
piensa en el B, C, D y hasta el E”, grafica.
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verdad.
Otra importante fuente libertaria de conversación frecuente 
con el jefe de Estado ratifica dicho análisis y precisa ante PERFIL que 
el Gobierno tratará de avanzar con los temas más sensibles que quedaron 
fuera del proyecto original que se conoció como “ómnibus” luego de 
rubricar el Pacto de Mayo con aquellos gobernadores que colaboraron con 
la ley más importante para la Casa Rosada. En concreto, en la 
administración Milei dicen sin inconvenientes que pretenden que se 
privaticen nuevas empresas públicas además de las que figuran en el 
texto que se discutirá en el Senado a partir de este martes (en la 
iniciativa aprobada figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, 
Radio y Televisión Argentina, AySA, entre otras). Ahora, en la mira 
libertaria entran el Banco Nación y todas sus empresas subsidiarias 
(Nación Seguros, Nación Seguros Retiro, Nación Servicios, Nación 
Bursátil), el BICE, la Casa de la Moneda, Radio Litoral, Fabricaciones 
Militares, Fábrica Argentina de Aviones, Yacimientos Mineros de Agua de 
Dionisio, YPF, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina. Guillermo Francos, el 
ministro del Interior, también dio una pista sobre lo que busca el 
oficialismo con las compañías públicas: renovar el debate gracias a un 
proyecto de ley sobre privatizaciones. De hecho, ante la consulta sobre 
el rol del Banco Nación, comentó que no entiende por qué se rechaza el 
ingreso de privados a la estructura del principal banco público del 
país. “El Estado mantendría la mayoría accionaria, es la nave insignia 
del crédito argentino”, expresó el ministro que forma parte del ala 
política oficial. Toda una declaración de principios.También, hay una 
serie de iniciativas, que Milei denomina “anticasta” y que nombró en su 
discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que se 
intentarán poner en marcha en la segunda mitad de 2024.  En ese marco, 
aparece la necesidad del Gobierno por eliminar el financiamiento público
 de los partidos políticos, penalizar a los funcionarios que financien 
el déficit fiscal con emisión monetaria y la eliminación de las 
jubilaciones de privilegio para presidentes y vices.
La reforma 
política que quedó fuera de la negociación del actual texto de bases 
continúa en estado latente: en LLA quieren reflotar la discusión antes 
de que finalice el año. Un legislador libertario comentó ante este 
medio: “Es ambicioso lo que queremos hacer y tranquilamente se puede 
debatir en un contexto más amigable”. Los elementos más importantes de 
esta reforma pasan por el cambio del sistema electoral para diputados 
nacionales, la eliminación de las PASO y la adopción de la Boleta Única 
Papel (BUP) a nivel nacional.
La seguridad es otra problemática que 
contará con centralidad en la agenda del jefe de Estado. En esa línea, 
en Casa Rosada mencionan que se buscará la sanción en el Congreso de las
 iniciativas que fueron elaboradas, y ya presentadas, por Patricia 
Bullrich y Luis Petri, quienes lideran las carteras de Seguridad y 
Defensa respectivamente. Figura el texto que habilita la intervención de
 las Fuerzas Armadas para que actúen contra el narcotráfico, la 
denominada ley “antimafias” que aumenta penas a todos los miembros de 
una organización delictiva. A su vez,  la ley de reiterancia que 
permitiría que un delincuente que enfrenta varias causas penales sin 
tener aún sentencia firme espere un fallo preso y una ampliación del 
registro de ADN a todos los delitos. Por último, la desregulación de la 
economía sigue siendo un norte para el oficialismo. Y bajo ese objetivo,
 se buscará desregular la venta de libros, habilitar la reventa “sin 
límite” de entradas para eventos deportivos y garantizar que las 
aseguradoras puedan operar en todas las ramas de seguro sin autorización
 previa si cumplen requisitos. Disposiciones que están reflejadas en el 
capítulo tres del primer proyecto ómnibus. Hay otro detalle ambicioso en
 esa parte: la creación de una Agencia de Mercados y Competencia que 
pueda investigar “conductas anticompetitivas de organismos públicos”. 
Será un ente descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder 
Ejecutivo Nacional para “promover el correcto funcionamiento y la 
transparencia de una competencia efectiva”. Habría un secretario a cargo
 por cinco años, con posibilidad de ser reelegido por única vez.

