
En el medio, pasaron cuatro marchas universitarias en más de dos años y miles de protestas en todo el país. Ayer, los tres jueces del máximo tribunal dejaron firme la cautelar que le ordena al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6, que actualizan los salarios y las becas desde diciembre de 2023. Es una gran noticia, pero no solo para la comunidad universitaria. Esto es saludable para todas las instituciones de la nación, le dijo a Página/12 Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue el organismo que impulsó la cautelar luego de que el gobierno se negara a implementar la ley con el argumento de que no especificaba de dónde sacar los fondos para cumplirla. Una justificación contradictoria si se compara, por ejemplo, con la sanción del miércoles de la ley para pagarle a dos fondos buitre 171 millones de dólares, que el proyecto libertario no explica de dónde saldrá ese dinero. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme la cautelar que ordenaba al Gobierno a cumplir con la aplicación de los dos artículos de la Ley 27.795, que indican que se deben actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, lo mismo que las becas Progresar, Manuel Belgrano y de Enfermería, entre otras. En el fallo, los supremos indicaron que el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal y por eso desestimaron el pedido de excusación (el Gobierno sostenía que los jueces debían excusarse porque todos ejercen la docencia universitaria) y la presentación directa e intimaron al Ejecutivo para que haga efectivo el depósito. Todo el Frente Universitario celebró el fallo. Rectorados, gremios y alumnos lo consideraron como un triunfo después de cuatro movilizaciones multitudinarias, paros, clases públicas y tomas de edificios. “Es un fallo que, con toda la comunidad universitaria, estábamos esperando hace mucho tiempo. Le marca un límite al Ejecutivo que insiste en incumplir una ley votada unas cuantas veces por el Congreso y reafirmada por el Poder Judicial también. Es un hecho sin antecedentes este nivel de incumplimiento”, dijo la secretaria General de Conadu, Clara Chevalier.

