Tras las dos jornadas de audiencia pública, los seis ministros de la
Corte que están actualmente en Capital resolvieron esperar el regreso
desde Alemania del magistrado Raúl Eugenio Zaffaroni para definir la
validez constitucional de los artículos 41, 45, 161 y un párrafo del 48
de la LSCA, cuestionados por Clarín. El miércoles, el ministro Carlos
Fayt sostuvo que no cree que el alto tribunal defina el fallo de fondo
antes de las elecciones de octubre próximo.
Ante Tiempo, Peñafort
analizó positivamente la decisión cortesana de convocar a una audiencia
pública y afirmó que "al Estado no le cambia" que el fallo salga antes
del 27 de octubre, día de elecciones nacionales legislativas.
–¿Cuál es su evaluación de la audiencia pública convocada por la Corte?
–Creo
que la evaluación final de la audiencia es muy positiva. Es positiva en
dos planos de análisis bastante claros. Por un lado, me parece muy
importante la posibilidad de visibilizar un debate que se ha tratado de
invisibilizar. Esta ley no surgió de la nada, sino que tuvo un proceso
que incluyó un año de discusión, foros de participación colectiva, sus
reglamentaciones se hicieron a través de mecanismos de elaboración
participativa de normas. Lo que pasó en estos dos días es paradigmático
de por qué es necesaria esta ley: hubo un poder del Estado, la Corte
Suprema, que determinó la visibilización de algo que se había intentado
ocultar por parte de los grupos concentrados. Quien quería ver el
informe sesgado que realizaron algunos grupos de lo que estaba pasando
en la audiencia, simplemente lo vieron. Pero también el Estado garantizó
que aquellos que quisieran ver el debate en su totalidad lo pudieran
ver. Para que eso sucediera, no lo reguló el mercado. Lo reguló el
Estado, en este caso la Corte. En un segundo plano de análisis, que se
desprende de las preguntas que hizo la Corte, evidentemente hubo un
prolijo y profundo estudio del expediente y de las cosas dichas en él,
acompañado de inquietudes técnicas muy puntuales y lógicas.
–¿Cambiaría algo que el fallo de la Corte salga antes de las elecciones del 27 de octubre próximo?
–La
ley tiene aspectos muy claros: uno hace a la multiplicidad de voces,
otro hace a la diversidad de contenidos, que están asociados, y otro
hace a la desconcentración de mercado. Cuatro años sin poder aplicar uno
de los ejes que sostienen la ley es mucho tiempo. Desde esa perspectiva
uno siempre prefiere que esto no se hubiese demorado tanto, que esta
discusión tan buena, tan rica que se dio sobre el fondo del asunto
hubiese sido más rápida, porque hasta ahora nos hemos pasado discutiendo
sobre derecho procesal de cautelares. Al Estado no le cambia. A quienes
les va a cambiar la mayor o menor cercanía del fallo es a la
ciudadanía. Me parece que el reclamo de inmediatez, de que este fallo
salga lo más rápido posible, no es un reclamo del Estado en términos de
política. Es un reclamo del Estado en cuanto a representación colectiva
de los intereses de toda la sociedad. Ojalá tengamos un fallo pronto, a
favor de la constitucionalidad de la ley. Constitucionalidad sobre la
cual estoy absolutamente segura. Creo que el Estado durante toda la
causa, no solamente en la audiencia, aportó los elementos de hecho y de
derecho que te explican por qué esta ley es constitucional. De ahí en
más, la responsabilidad institucional está en cabeza de la Corte.
–Además
del recurso de invisibilización, desde algunos grupos concentrados de
medios también se intentó instalar que esta ley "es del gobierno"…
–Si
hay algo que esta ley no es, es que es del gobierno. Ni de este, ni de
ninguno. Es una ley fruto de 30 años de militancia democrática de
muchos sectores.
–¿Por qué, para regular la concentración monopólica
en los servicios de comunicación audiovisual, es aplicable la LSCA y no
la Ley de Defensa de la Competencia?
–La Ley de Defensa de la
Competencia regula el mercado. La regulación del mercado, salvo algunas
excepciones, es habitualmente "ex post", es decir, se espera la
alteración del mercado y luego se corrige, ya sea aplicando multas o
sanciones. Es cierto que hay una regulación "ex ante" para determinadas
cuestiones. Ahora bien, cuando se habla de libertad de expresión, no se
habla de un valor de mercado. Se está hablando de un valor simbólico
asociado a la democracia, a la participación, al debate público. Como lo
que tenés que resguardar es algo tan intrínseco a la democracia, no hay
manera de subsanar una vulneración. Dicho de una manera simple: no hay
manera de traducir en dinero el no haber tenido acceso a la información o
al debate público. Se podría aplicar la multa más alta del mundo, y aun
así, el derecho vulnerado seguiría siendo vulnerado. Entonces, en
materia de libertad de expresión, lo que se entiende es que la
regulación es "ex ante", antes de que se produzca la vulneración. La
libertad de expresión no es sólo un valor individual, sino
fundamentalmente un valor social, el derecho colectivo a escuchar todo.
Escuchamos y vemos todo, y después cada uno toma ese acto subjetivo de
decidir qué es cierto, qué no y qué piensa frente a determinados temas.
Pero este ejercicio de libertad no puede ser regulado por el mercado,
nunca. Y eso demuestra que nunca podés pedirle al mercado que resguarde
la libertad de expresión. Porque sería como pedirle a un médico que te
construya la casa. No es el profesional idóneo ni es la materia idónea.
–Usted habló de un trabajo en equipo para la preparación de las audiencias...
–Las
respuestas son fruto de haber trabajado con un equipo de lujo, de
técnicos de excelencia. Esta ley tiene un montón de actores que la
hicieron posible. La valentía política de la presidenta Cristina
Fernández, y personas como Gabriel Mariotto, Damián Loreti, Gustavo
Bulla, Luis Lázzaro y otros tantos compañeros. Esta ley no tiene padres,
es un proceso colectivo. Si alguna vez tuvo razón Héctor Oesterheld, es
con esta ley: el único héroe posible es el héroe colectivo. Esta nunca
pudo ser la ley de un gobierno. Estábamos contentos, porque estábamos
haciendo algo que amamos. Nosotros creemos en esta ley.