A cinco años de la sanción de la ley de medios, ya son 1.210 las licencias otorgadas a radio y televisión.

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Se trata de la ley 26.522, cuyo proyecto había sido enviado en agosto de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Congreso, luego de un amplio y álgido debate en foros que se desarrollaron en todo el país, y que reemplaza el decreto-ley 22.285, que databa de la última dictadura cívico-militar. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cumple cinco años desde su sanción y promulgación y ya son 1.210 las autorizaciones y licencias otorgadas a radios FM y AM y televisión abierta y paga, 27 las radios de baja frecuencia en zonas de alta vulnerabilidad social que obtuvieron sus primeras licencias, y 42 los reconocimientos a canales de televisión de baja potencia.

A su vez, desde 2009, se entregaron 701 licencias de radio AM y FM al sector privado y se dispusieron 61 autorizaciones de medios a municipios y gobernaciones.

Al cumplirse cinco años de esta nueva norma de la democracia, todas las empresas excedidas de los límites establecidos en la ley presentaron su plan de adecuación ante Afsca; y de las 40 propuestas de adecuación que se presentaron, 35 fueron tratadas y 5 están pendientes.

De esas 35, 20 se aprobaron y 15 fueron desestimadas porque no requerían adecuación.

En Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Mendoza, Chaco, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Formosa, Jujuy y Córdoba fueron 1.373 los llamados a concurso para frecuencias de radio.

Según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el organismo descentralizado y autárquico creado a partir de esa ley, en el primer semestre de este año se realizaron concursos públicos en Formosa, Jujuy y Córdoba y se organizaron los próximos llamados que serán para Chaco, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca, La Pampa, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego para este segundo semestre de 2014.

La norma está basada en el anteproyecto que fue presentado en marzo de 2009 por la Presidenta en el Teatro Argentino de La Plata y estuvo fundado en los 21 puntos propuestos por la Coalición para una Radiodifusión Democrática, conformada en 2004 por representantes de sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos.

Desde ese espacio, formado por más de 300 organizaciones sociales, políticas, sindicales, educativas y cooperativas, se trabajó de manera sostenida con el objetivo de evitar la concentración mediática e impulsar una ley de medios de la democracia.

Conocido como '21 puntos básicos por el derecho a la comunicación', el documento que fue presentado el 27 de agosto de 2004, señalaba que "toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos".

En ese sentido, destacaban que "si unos pocos controlan la información no es posible la democracia", y subrayaban que debían "adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación".

Asimismo se promovía "la creación de la figura de la 'Defensoría del público', con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación", tal como hoy se llama el organismo a cargo de Cynthia Ottaviano.

Entre los alcances de la ley se encuentra la creación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), por medio del cual se otorgaron en 2013 4,5 millones de pesos para financiar 23 proyectos de equipamiento e infraestructura y 60 proyectos de producción audiovisual.

También la creación de 100.000 nuevos puestos de trabajo en la industria audiovisual, la creación del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino, con 5000 horas disponibles, que son utilizadas por 40 canales.

A pocos días de la promulgación de la ley, el Grupo Clarín acudió a la Justicia planteando la inconstitucionalidad de los artículos 41,45, 48 y 161 y en diciembre el juez Edmundo Carbone dictó una medida cautelar contra la aplicación de los mismos, dejándolos en suspenso.

De esta manera se dejó en suspenso la obligación del multimedios de desprenderse de licencias para adecuarse a la ley que debía realizarse en un año desde su promulgación, en septiembre de 2010, y dejando en suspenso también la desinversión que debía realizar ese año.

Ante la excesiva extensión que tomó la vigencia de la medida cautelar, la Corte Suprema de Justicia decidió poner el 7 de diciembre de ese mismo año como límite a la cautelar.

Durante 2012, los caminos judiciales llegaron a que la Corte Suprema de Justicia enviara la causa a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que emita opinión sobre la declaración de una inconstitucionalidad parcial decretada por la Cámara Civil y Comercial Federal.

Gils Carbó se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley y aconsejó al máximo tribunal que revoque el fallo de esa Cámara, que había declarado inconstitucionales parte de los artículos 45 y 161, por "evidenciar graves defectos de fundamentación y razonamiento que impiden considerarla como acto jurisdiccional válido".

Finalmente, la Corte convocó a audiencias públicas los días 28 y 29 de agosto, en las que escuchó los argumentos de las partes, y el 29 de octubre de 2013 declaró la constitucionalidad de todos los artículos de la ley, llevando a todos los grupos mediáticos a cumplir con una norma que tuvo que esperar cuatro años para ser constitucionalmente plena.

En las últimas horas, el directorio de la Afsca aprobó dar inicio a la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios, luego de que el titular del organismo, Martín Sabbatella, anunciara que se habían detectado "irregularidades" en el plan de adecuación voluntaria presentado por el multimedios.