Hallan diez nuevas fosas con restos humanos en el estado mexicano de Guerrero.

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La dimensión de la crisis que desató la desaparición de 43 estudiantes, hace dos meses, se agudizó con el hallazgo de diez nuevas fosas por parte de organizaciones civiles que investigan los territorios en paralelo a la búsqueda de las fuerzas federales, en busca de víctimas del crimen organizado. La búsqueda está patrocinada por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), quienes precisaron que en siete de las tumbas encontradas había restos óseos y en las restantes ropa con sangre impregnada. Los participantes en la acción –organizada a petición de familiares de víctimas de la delincuencia organizada que habrían sido desaparecidos y/o asesinados en años recientes– informaron que las 10 presuntas fosas, las cuales quedaron bajo resguardo de elementos de la Gendarmería Nacional.

Acompañados por representantes de la asociación civil Ciencia Forense Ciudadana, los padres de "los otros desaparecidos", como se les conoce, acudieron en caravana de 15 vehículos y más de 50 personas a Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, donde fueron hallados 28 cadáveres tras la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre pasado.

Esos primeros restos no pertenecen a los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, según los exámenes practicados tanto por forenses de la fiscalía general mexicana como del Equipo Argentino de Antropología Forense, que realiza peritajes a pedido de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

El dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, aseguró que en casi dos años de búsquedas esa organización civil encontró el las zonas de Ayutla a Iguala los cuerpos de 500 personas ya identificadas, quienes fueron víctimas de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, reveló que “desgraciadamente a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se ha descubierto toda esta situación de violencia”, que abarca la Costa Chica, Zona Centro e Iguala.

El dirigente acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno federal de haber actuado con negligencia, porque a pesar de las denuncias, no intervinieron.

Por su parte Julia Alonso, directora de Ciencia Forense Ciudadana, sostuvo que en Iguala podría haber otras 40 o 50 fosas, por lo que que demandó a la PGR a apresurar los trabajos de búsqueda.

En este contexto, este mediodía contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educacción de Guerrero (CETEG) acordonaron las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral y de la delegación de la PGR en la entidad, en donde llevan a cabo en estos momentos una protesta denunciando a la procuraduría de negligencia por la falta de resultados en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, y por girar órdenes de aprehensión en contra de los luchadores sociales. El personal de ambas instituciones fue desalojado.

En respuesta al creciente clima de tensión social, que se diseminó por todo México, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anticipó que el gobierno de Enrique Peña Nieto anunciará esta semana diversas modificaciones en materia de justicia y Estado de derecho con el fin de fortalecerlo, aunque no dio precisiones.

El funcionario, citado por la agencia oficial Notimex, aseguró que a más tardar el jueves el presidente anunciará “una reestructuración radical del Estado de derecho, la procuración de justicia y el esquema de policías”.

Reconoció que se tienen que hacer modificaciones en donde hay debilidad del Estado mexicano, para fortalecerlo, y tomar acciones en torno a lo que no ha funcionado, por ello se realizarán ajustes para recuperar la confianza de los ciudadanos.

En este sentido, Osorio Chong dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción, que promueve el Partido Acción Nacional (PAN), contará con el respaldo del gobierno de la República, que ejerce el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se hará énfasis en tres estados del país, entre los que se descuenta estará Guerrero.

En paralelo a estos anuncios, el Ministerio de Educación Pública de México anunció hoy un programa de becas educativas a favor de las víctimas o familiares de los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado.

El plan anunciado por Educación permitirá a los familiares de los estudiantes desaparecidos cursar su educación básica, media superior y superior en instituciones públicas del sistema educativo nacional.

Según la investigación de la fiscalía general, los estudiantes fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y del vecino municipio de Cocula, quienes los entregaron al grupo armado Guerreros Unidos que se encargó de asesinarlos, de quemar sus cuerpos y arrojar los restos a un río.