Según se especifica en la denuncia, Bonadio no podría formar parte de la
sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la Justicia
Nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad
lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia,
en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal.
En la presentación se destaca que de
acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es
accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de
Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012.
Fuentes
consideró que “al desconocerse por ende el estado financiero de la
empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis
de la evolución patrimonial del magistrado”.
A esto se suma
además que Fernando y Alejandro Climent tendrían como actividad el
asesoramiento de sociedades anónimas y que participarían junto a Carlos
Alberto Bonadio en otra empresa denominada “Gas Lanús S.A.”, que al
igual que “Mansue S.A.” se dedicaría a la venta de combustible.
En
este contexto, el diputado nacional solicitó que se lleve adelante una
profunda investigación en relación a la evolución patrimonial de Bonadio
a efectos de determinar si pudo haber existido un incremento no
justificado en su situación económica.
Por último, en la denuncia
se solicita, entre otras medidas, que se le dé intervención a la Unidad
de Información Financiera frente a la posible comisión del delito de
lavado de dinero.