Esta mañana, la AFSCA se notificó de la decisión de Alfonso, magistrado
en lo Federal Civil y Comercial, quien ordenó suspender el proceso de
adecuación de oficio iniciado mediante la resolución 1121, dictada en
octubre pasado.
Al respecto, Sabbatella recordó que desde el
organismo se dieron 'los pasos correctos' para que Clarín se encuadre en
los límites establecidos por la ley 26.522.
'Clarín posee
vínculos societarios en Nueva Zelanda, Panamá, Estados Unidos y
Argentina, que son incompatibles con la ley. La Justicia no debería
otorgarles herramientas a los grupos concentrados para que eludan lo que
está sancionado por el Congreso de la Nación y ratificado por la
Corte', fundamentó el funcionario.
En relación a los plazos
otorgados a esta corporación de medios, Sabbatella apuntó que 'Clarín
utilizó el plazo de adecuación voluntaria para tratar de hacer trampas y
simular que iba a transferir sus licencias a empresas supuestamente
independientes que están en Argentina y el exterior'.
'Ni
el juez Alfonso ni los directores por la oposición negaron la existencia
de esas sociedades que son totalmente incompatibles con la ley. Está
claro que Clarín quiso hacer trampa y no lo dejamos', aseveró.
Sabbatella
reiteró que 'Clarín tiene que desprenderse de las licencias de las que
se excede sí o sí', y descartó que el grupo 'tenga la intención de
hacerlo de forma voluntaria'.
El pasado 8 de octubre, el titular
de la AFSCA consignó las vinculaciones empresarias detectadas por los
equipos técnicos que analizaron las propuestas de adecuación del
multimedios.
Ese mismo día, el directorio del organismo votó
mayoritariamente el fin del plazo voluntario y el inicio del proceso de
transferencia de oficio.
La resolución se sumó a un pedido de
Clarín contra el procedimiento de adecuación de oficio, establecido en
la ley 26522, y derivó en el fallo del juez Alfonso.
'Creemos que
lo resuelto favorece directamente la actitud dilatoria mantenida por
Clarín, que pretende seguir dominando el mercado de medios luego de 5
años de que se haya sancionado una ley' .
Por último, enfatizó:
'Es un fallo que privilegia el interés particular de un grupo hegemónico
contra nuestra decisión de garantizar el cumplimiento de las leyes, la
pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión'.