Con el objetivo de "establecer la regulación de la prestación de
servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación
audiovisual" con criterios de "pluralismo, diversidad e interés
público", el Frente Amplio uruguayo logró aprobar esta norma que además
declara "de interés público" a los servicios de comunicación, los que
"constituyen uno de los principales medios de información social,
permiten el ejercicio del derecho a comunicar y a recibir información
para el ejercicio pleno de la libertad de expresión de la ciudadanía”.
Las
críticas opositoras en Uruguay fueron amplificadas desde la otra orilla
por el diario argentino La Nación, que inmediatamente a su sanción, la
definió en uno de sus editoriales como “peligrosa” y la calificó de
“despropósito jurídico”, en un nuevo ejemplo de cómo la tensión entre
medios y política atraviesa toda la región.
Desde junio de 2013,
Ecuador también tiene Ley de Comunicación que fue promulgada en enero de
2014, y definirá los criterios de aplicación de derechos, competencias,
obligaciones y deberes de las autoridades y demás actores regulados por
la normativa legal.
Para el presidente de ese país, Rafael
Correa, los medios de comunicación “tienen un poder inmenso y son
actores políticos con una gran contradicción: tienen un descarado
involucramiento en la política pero no toleran respuestas políticas y si
nos difaman es libertad de expresión, pero si el presidente contesta es
ataque a la libertad”.
En 2013 también el presidente mexicano
Enrique Peña Nieto promulgó la nueva Ley de Telecomunicaciones de
México. De acuerdo con el texto aprobado, el Gobierno mexicano
estableció un instituto de regulación -Instituto Federal de
Telecomunicaciones, Ifetel- que reemplazará al organismo actual, la
Comisión Federal de Comunicaciones, que no puede ni otorgar licencias a
nuevos inversores (solo recomendaciones) ni imponer sanciones a las
empresas que controlan más del 50% del mercado.
En la Argentina,
la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2009
reemplazó el decreto ley 22.285 de la última dictadura.
La
denominada ley de medios promueve la desmonopolización del sistema y el
fomento de la competencia, con el objetivo de democratizar y
universalizar el acceso, entendiendo a la comunicación como un derecho
humano básico y no como un bien económico sujeto a las reglas del
mercado.
La norma, aprobada por una mayoría parlamentaria plural
luego de un amplio debate en foros que se desarrollaron en todo el país,
continúa siendo resistida por el grupo Clarín, el mayor de la
Argentina, que se niega a desinvertir para adecuarse a la ley.
En
Brasil, cuya ley que regula los medios de comunicación data de 1962, el
presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcao, anunció en
los últimos meses que promoverá una ley para regular los medios
audiovisuales como parte del programa de reformas del segundo gobierno
de Dilma Rousseff.
Además Tarso Genro, uno de los fundadores del
PT, adelantó este año que en este nuevo mandato, la reelecta mandataria
"impulsará el debate de una ley para la desmonopolización de los
medios", en un país en el que se destaca la fuerte presencia de Grupo
Globo, un conglomerado de empresas brasileñas concentradas
específicamente en el área de medios de comunicación, pero incluyendo
también bancos, mercado inmobiliario e industria alimenticia.
Por
su parte, el ex presidente y líder del Partido de los Trabajadores que
gobierna desde el 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió al tema
durante la reciente campaña a la presidencia y aseguró que “algunos
diarios y revistas se comportan como si fueran un partido político con
candidato, pero que no tienen el coraje de decir que tienen candidato”, y
advirtió que “los dueños de los medios no son neutros, siempre eligen
estar de algún lado”.
En ese sentido, destacó que en ese país, la
televisión “se da el lujo de burlarse de la política”, argumentando que
“la negación de la política no mejoró a ningún país del mundo” y al
referirse a la necesidad de debatir ese tema en Brasil, Lula destacó que
"todas las sociedades democráticas del mundo cuentan con mecanismos de
regulación de los medios de comunicación".