Esos casos se juzgan desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, el
ex Santo Oficio, dentro del cual se creó esta nueva comisión.
Entre
los seis miembros permanentes del "collegio" están el arzobispo emérito
de Rosario, el argentino José Luis Mollaghan; y el español Juan Ignacio
Arrieta Ochoa de Chinchetru, obispo titular de Civitate y secretario
del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos.
También
formará parte de este organismo el cardenal español Julián Herranz,
presidente emérito del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos,
aunque lo hará en calidad de miembro suplente.
Los otros cuatro
miembros permanentes de este organismo son el cardenal polaco Zenon
Grocholewski, prefecto de la Congregación para la Educación Católica; el
italiano Attilio Nicora, Legado Pontificio para las Basílicas de San
Francisco y Santa María de los Ángeles en Asís, y presidente emérito de
la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y de la Autoridad
de Información Financiera.
También los cardenales italianos
Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consejo para los
Textos Legislativos; y Giuseppe Versaldi, presidente de la Prefectura de
los Asuntos Económicos de la Santa Sede.
El segundo miembro
suplente será Giorgio Corbellini, obispo titular de Abula y presidente
de la Oficina para los Asuntos Laborales de la Sede Apostólica y de la
Comisión Disciplinaria de la Curia Romana.
Según precisó en
noviembre el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, los recursos de
apelación, sobre todo los de abusos sexuales a menores, "son un trabajo
arduo" y la acumulación de casos estaba haciendo absorber todo el tiempo
de la Sesión Ordinaria de la congregación vaticana para la Doctrina de
la Fe, que se reúne una vez al mes.