Políticos y dirigentes de DDHH repudian el fallo que habilita a la Metropolitana a usar las Taser.

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Políticos de un amplio espectro, dirigentes de entidades de derechos humanos y abogados calificaron como “retrógrada”, “represiva” y “política” la decisión del Superior Tribunal de Justicia (TSJ) porteño que revocó el fallo que impedía al gobierno de la Ciudad comprar las pistolas eléctricas Taser para la Policía Metropolitana. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó hoy de “un despropósito superlativo” la adquisición de este armamento, cuestionado por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que produjo más de 600 muertes en Estados Unidos desde 2001 y que fue utilizada contra 431 menores en el Reino Unido solamente en 2013. El funcionario señaló que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, “solamente conoce la fuerte represión” y recordó que durante la toma del Parque Indoamericano, el líder del PRO "como si fuera John Wayne, nos pedía que le diéramos la Policía Federal para sacar a los manifestantes en un ratito".

En ese sentido comentó que “para Macri será un placer ver un tipo revolcándose en el piso torturado por tan solo asistir a una manifestación”, en alusión a los efectos que produce la descarga eléctrica de las Taser.

Dirigentes de diversas expresiones de la izquierda y la centroizquierda de la Ciudad de Buenos Aires se sumaron al repudio al considerar que las armas van a "reforzar el accionar represivo" de la Metropolitana.

El dirigente y candidato a primer legislador por Camino Popular, Itaí Hagman recordó que “la Policía Metropolitana tiene pésimos antecedentes, como la represión en el Parque Indoamericano, la Sala Alberdi o el Hospital Borda” y reafirmó que estas armas "pueden ser utilizadas para la tortura”.

También el Frente de Izquierda repudió la medida judicial y lo hizo a través de las declaraciones del legislador porteño Marcelo Ramal, quien dijo que el macrismo "está tomando las disposiciones para reforzar el accionar represivo" de la Metropolitana.

Por su parte, el sociólogo y asesor en seguridad en la Legislatura Porteña, Andrés Pérez Esquivel, aseguró que “la insistencia del gobierno con las Taser parece tener que ver poco con una cuestión técnica sino con una profunda vocación antidemocrática y un enorme gusto por los negocios”.

“No hay que olvidar que las Taser son caras y Montenegro tiene dos demandas penales por millones de euros de sobreprecios en compra de pistolas sin licitación y a precio de minorista, y que cada cámara de seguridad nos está costando 175.000 pesos a los porteños, cuando como mucho deberían costar 30.000", indicó el hijo del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

En tanto, el subsecretario de Promoción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y autor del amparo que había frenado la adquisición del armamento, Carlos Pisoni, consideró que el fallo “es una burla” y recordó que distintos organismos internacionales se oponen al uso de estas “neopicanas”.

“Hay gente que tiene problemas cardíacos, o están tomando alguna medicación y no van a preguntar esas cosas antes de disparar”, graficó.

En sintonía, el abogado del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), Demián Konfino, calificó de “político” y “retrógrado” la decisión del Superior Tribunal de Justicia.

“Los fallos de primera instancia y segunda eran contundentes en negar que una fuerza pública argentina pudiera tener picanas eléctricas porque no hay diferencia entre picanear a una persona en un sótano durante un interrogatorio que picanearla en una manifestación”, manifestó al vincularla a las torturas durante la dictadura.

“Probamos con informes del Comité de la Tortura de las Naciones Unidas y recomendaciones de otras fuerzas de seguridad nacional que es un elemento de tortura que puede violar el derecho humano a la salud y a la vida”, añadió.

El abogado no dudó en afirmar que se trató de “un fallo político que se enmarca dentro de lo que la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) categorizó como el Partido Judicial” al argumentar que “no es casual que se lo hayan dado a conocer a los medios afines el día siguiente a que se conociera el acuerdo entre Macri y la UCR”.

Criticó que la Policía Metropolitana “ni siquiera tenía un protocolo para las Taser cuando la estaban adquiriendo” y aseguró que una vez que sean notificados del fallo interpondrán un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

Más moderada fue la visión de la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, que consideró que “la utilización de armas Taser puede ser autorizada, pero bajo condiciones muy estrictas”.

“Nunca deben ser utilizadas por la Policía para reducir a personas que se considera sospechosas o que se niegan a acatar una orden de la autoridad. Por el contrario, deben existir criterios muy estrictos, que únicamente permitan su uso en situaciones en las que, de no contar con la Taser, la Policía utilizaría armas de fuego”, agregó.

En ese marco consideró que “hay una responsabilidad ineludible del Gobierno de la Ciudad de generar un marco claro de aplicación e implementación de esta política clara y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”.