Gomez Barbella advirtió que "el expediente se podría transformar en instrumento de impunidad".
El
fiscal fue en queja a la Cámara luego que el 20 de marzo pasado el juez
de la causa, Julián Ercolini, rechazara por "improcedente" la apelación
presentada contra su negativa a citar a declaración indagatoria a
Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Raymundo
Podestá y Guillermo Gainza Paz.
Podestá era Secretario de Estado en 1976 y Gainza Paz está imputado como supuesto "intermediario".
Para
la fiscalía, la causa tiene "indudablemente interés institucional
suficiente" para justificar la intervención de la Cámara, aunque por
regla general esa instancia de apelación no se abre por negativas a
citaciones indagatorias en el marco de una causa penal.
En este
caso, "la resolución impuganda resulta equiparabale a sentencia
definitiva por sus efectos y por el gravamen que ocasiona". advirtió el
fiscal.
"La cuestión debatida trasciende el marco natural del
proceso y los intereses de las partes, afectando el adecuado desempeño
de la función que, en ejercicio de su misión, le compete al Ministerio
Púbico Fiscal", agregó en el escrito.
La causa penal se
abrió en el 2010 por denuncia del juzgado nacional en lo Comercial 2,
que extrajo testimonios y se acumuló a otro expediente abierto en La
Plata por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El
fiscal pidió llamar a indagatoria a los imputados por el delito de
"extorsión" en el marco de un delito de lesa humanidad por persecución
por motivos políticos y religiosos.
Ercolini rechazó el planteo
porque en la causa hay medidas probatorias aún no concluidas como un
peritaje contable para establecer si las acciones de Papel Prensa se
traspasaron aun "precio vil" por parte de la familia Graiver a las
empresas de los imputados.
La fiscalía sostuvo que "el estudio
contable, dispuesto por el magistrado sin haber sido pedido por alguna
de las partes, no es en absoluto dirimente para dar por configurada o no
la hipótesis delictiva"
"La decisión de asignarle al resultado
de dicha medida una condición que impide proseguir con la investigación,
no resulta una derivación razonada del derecho y deviene, por tanto,
arbitraria", concluyó la apelación fiscal.
El fiscal pidió las
indagatorias por entender que está comprobado el desapoderamiento de los
bienes del fallecido banquero David Graiver "bajo amenazas e
intimidación" a sus herederos y socios en Papel Prensa y que los
imputados "participaron de la transferencia extorsiva y usufructuaron la
información de que las víctimas eran objeto de persecución política".
La
queja fue presentada esta mañana y quedó radicada por "asignación
directa" en la sala I del Tribunal de Apelaciones, ya que esa sala ya
intervino en otras instancias de la causa.
Los camaristas Jorge
Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler deberán resolver ahora si
abren el recurso, pero antes darán vista a la fiscalía ante esa
instancia para que decida si lo mantiene o no.