LA CONFEDERACIÓN
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El gobierno y las Farc anunciaron un histórico acuerdo que abre puertas a la paz de Colombia.
De acuerdo con el anuncio, se creará una jurisdicción especial para la
paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial que
estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y, en
participación minoritaria, juristas extranjeros.
La función de
estos dos mecanismos será, según el acuerdo, "acabar con la impunidad,
obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e
imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos
durante el conflicto armado, particularmente los más graves y
representativos, garantizando la no repetición".
El acuerdo,
leído por los delegados garantes de Cuba, Rodolfo Benítez, y de Noruega,
Dag Nylander, expresa que a la terminación de las hostilidades, el
Estado otorgará "la amnistía más amplia posible por delitos políticos y
conexos".
En ese sentido, aclara que "en todo caso no serán
objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación
nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y
crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura
desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones
extrajudiciales y violencia sexual".
El gobierno y las Farc anunciaron un histórico acuerdo que abre puertas a la paz de Colombia
La
jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no
sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado
por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos
tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y
responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente,
señala el texto.
Para quienes reconozcan delitos de lesa
humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de
restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias.
El
modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer
penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel. Esto
quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en
que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de
obras.
Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la
reparación de las víctimas, porque, de lo contrario, se podría aplicar
una pena efectiva de cárcel.
Un punto clave que tendrá el acuerdo
es que en determinados casos, muy específicos, habría elegibilidad
política en las zonas en las que tengan la restricción de la libertad.
Esto, por supuesto, requiere reglas claras que se están construyendo.
De
querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá
comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o
estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.
Quienes
no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables
tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de
hasta 20 años en condiciones ordinarias.
Los negociadores, en tanto, seguirán analizando los puntos que tienen que ver con militares procesados y guerrilleros presos.
Los
jefes del equipo negociador de gobierno, encabezados por Humberto de la
Calle, viajaron ayer a Cuba, anticipándose al próximo ciclo de
negociaciones.
Santos, que como ministro de Defensa propinó los
más duros golpes a las FARC, viajó a La Habana por primera vez desde que
se inició el proceso el 19 de noviembre del 2012, para reunirse con los
negociadores de paz, y lo adelantó esta mañana cuando en su cuenta de
Twitter anunció que de camino a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea
General de la ONU, haría escala en La Habana para una "reunión clave
con negociadores con el fin de acelerar el fin del conflicto".
Poco
después, fuentes de la guerrilla confirmaron que ya se encontraba por
la tarde en la capital cubana alias Timochenko, el máximo jefe de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para participar en
el anuncio del acuerdo junto con Santos.
A tres días de la vista
del Papa Francisco a Cuba, en la que declaró que no puede haber "otro
fracaso" en el camino de la paz y la reconciliación en ese país, que
vive un conflicto armado interno desde hace medio siglo, las FARC y el
gobierno protagonizaron una escena esperada por la comunidad
internacional y también por la sociedad colombiana que soporta más de 50
años de conflicto que dejó no menos de 300.000 muertos.
"Llegó
la paz. A La Habana arribó Timoleón Jiménez. Estamos comprometidos con
la paz", escribió hoy en Twitter la delegación de las FARC en La Habana,
minutos antes de iniciar el anuncio.
El gobierno y las FARC ya
han llegado a acuerdos en temas como el desarrollo agrario, la
participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen y la
lucha conjunta contra el narcotráfico.
El último punto del
proceso de paz implica un acuerdo entre las partes para definir el
mecanismo que se usará para que los acuerdos sean refrendados. El
gobierno ha insistido en los últimos meses en un referéndum, mientras
que al comienzo del proceso las FARC plantearon una asamblea nacional
constituyente.
24/09/2015 (2859)
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