ESTADO DE ALERTA EN LA COALICIÓN.

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La Coalición por una Comunicación Democrática se declaró en estado de alerta y anunció movilizaciones en todo el país en caso que pretendan modificar por Decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Ley 26.522 aprobada en 2009 y confirmada en su constitucionalidad en 2013 fue puesta bajo presión, crítica, impedimentos y obstáculos de todo orden. Esta Ley fue impulsada y debatida por las organizaciones populares, las y los trabajadores de la comunicación, las universidades nacionales, los pueblos originarios, las organizaciones sindicales y de defensa de Derechos Humanos, los medios pymes, populares y comunitarios que en 2004 presentamos los 21 puntos por una radiodifusión democrática.

Los miembros de esta Coalición fuimos participes y protagonistas
orgullosos de todos esos debates y propulsores fundamentales del texto
que fue aprobado en el Congreso Nacional con amplias mayorías, con
decenas de miles de personas en las calles.

Esta Ley - y el proceso de su debate - fue reconocida y valorada como un
ejemplo para el mundo por todos los organismos internacionales con
competencia en la materia.

Luego de su aprobación fue llevada a los tribunales con todas las
excusas imaginables. En una audiencia histórica en la Corte Suprema de
Justicia, millones de personas tuvieron la posibilidad de ver y escuchar
de qué iba la cosa. Como nunca antes se cumplió la premisa de respetar
que “el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Desde esas fechas hasta hoy muchas cosas pasaron y los debates se
actualizaron. En estos días el desafío es tanto reclamar por lo que
falta como garantizar lo conquistado. Para tal fin, las organizaciones
que integran la Coalición por una Comunicación Democrática invitan
nuevamente al conjunto de los habitantes de la Nación a acompañar su
iniciativa de respetar y promover la libertad de expresión y el derecho
a la comunicación de acuerdo a los mejores estándares y prácticas que
establecen los instrumentos del derecho internacional de los Derechos
Humanos. Recordamos además que el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, la
Corte Interamericana de DDHH, la Comisión Interamericana, así como la
Convención de Diversidad Cultural de la UNESCO obligan a los poderes del
Estado argentino a cumplir con esos instrumentos del derecho internacional.

Por eso afirmamos:

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se toca. Defendemos
la ley 26.522 porque es la Ley que hizo el pueblo en su conjunto y
reconoce el Derecho a la Comunicación.

Las instituciones y organismos creados por la Ley para su aplicación
deben ser respetados. Para asegurar el pluralismo la ley prevé un
conjunto de mecanismos de controles cruzados con participación de las
provincias y de todos los sectores relacionados con la comunicación que
deben mantenerse.

Todo proceso de debate de reglas sobre la libertad de expresión y el
derecho a la comunicación debe reconocer el precedente de la
participación y debate con el que construimos la LSCA con más de treinta
audiencias públicas para tratar el anteproyecto con más de mil aportes y
audiencias públicas en Diputados y Senadores, así como un proceso de
elaboración participada de normas para su decreto reglamentario. Por
tanto cualquier decisión tomada sin estos estándares de participación
sería un claro retroceso en la calidad de la democracia