La audiencia obliga al Gobierno Argentino a dar explicaciones por las
medidas que disolvieron organismos con representación significativa del
Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos,
de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por otro con
mayoría automática del Ejecutivo. También obliga a fundamentar la
supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios
mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la
televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones.
“La
audiencia tratará la vulneración del derecho humano a la comunicación y
los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección
de los Derechos Humanos, del que el Estado argentino forma parte",
puntualizó la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) durante
un nutrido Congreso Nacional realizado el pasado 3 de marzo, con más de
500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones
políticas, sindicales y de la comunicación.
En representación de
los peticionantes viajarán Horacio Verbitsky (CELS), Osvaldo Francés
(ARBIA-CCD), Damián Loreti (AMARC-CELS-CCD), Ana Jaramillo (UNLa),
Daniel Badenes (REDCOM-CCD), Néstor Busso (FARCO-ALER-CCD), Oscar
Nocetti (Cooperativa Popular Electrica, Santa Rosa, La Pampa-CCD),
Martín Becerra (UNQui).
Las entidades denunciantes son el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Universidades Nacionales de
Lanús (UNLa) y de las Artes (UNA), la Carrera de Ciencias de la
Comunicación de la UBA y la Red de Carreras de Comunicación Social y
Periodismo de Argentina (REDCOM). También participan la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Foro Argentino de Radios
Comunitarias (FARCO), la Asociación Latinoamericana de Educación
Radiofónica (ALER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y
el Caribe (RRULAC), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias
argentinas (ARUNA), el Sistema Radios de la
Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), la
Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Músicos
Autoconvocados, la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del
Interior de la República Argentina (ARBIA) y la Cooperativa Eléctrica de
La Pampa como expresión de las empresas cooperativas de servicio
público.
El encuentro del viernes 8 ha sido convocado por la CIDH
de la Organización de Estados Americanos (OEA), allí los comisionados
escucharán a las organizaciones denunciantes y los alegatos de los
funcionarios del Estado argentino.
Será seguida en vivo en
diferentes puntos del país, el viernes 8/4 a las 10 (hora argentina) en
eventos convocados por los nodos regionales de la Coalición por una
Comunicación Democrática. En la Ciudad de Buenos Aires se realizará en
el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación (Anexo A, Rivadavia
1865, CABA).
El acceso público para conectarse a la transmisión web on line estará disponible a partir del lunes 4.
Contactos de prensa:
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Posición fundada, sostenida y multisectorial
Durante
enero y febrero, la CCD articuló y apoyó manifestaciones públicas en
las principales ciudades del país, con junta de firmas y reuniones con
dirigentes de distintas filiaciones partidarias para rechazar la
modificación mediante decretos presidenciales de las normas
antimonopólicas y anticoncentración previstas en la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual (26.522) y Argentina Digital (27.078).
Entre
otros puntos, se cuestiona la derogación de los límites a la
transferencia de licencias y la tolerancia a la concentración, así como
la derogación de las obligaciones que la Ley 26.522 imponía a las
televisoras de cable respecto de señales locales y grilla de
programación, lo cual afectan directamente a la pluralidad de voces.
En
el plano institucional, el decreto 267/15 que creó el Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM), en reemplazo de las Autoridades Federales AFSCA
y AFTIC, eliminó garantías básicas para su autonomía o independencia,
tanto del Poder Ejecutivo como del económico. El ENACOM comenzó a
funcionar con directores exclusivamente nombrados por el Gobierno, sin
representatividad y pluralidad, removibles sin justificación alguna.
Se
advierte que no hay fundamentos explícitos que justifiquen un estado de
necesidad y urgencia para el dictado del Decreto 267/15.
También
la CCD alerta sobre el peligro de pérdida de hasta 50 mil puestos de
trabajo debido a fusiones empresariales y al cierre de pequeñas
productoras y servicios audiovisuales, y de una aún mayor cartelización
de las actividades que encarecerán el precio de las tarifas de las
conexiones y abonos
Mientras tanto, en el Congreso Nacional está
pendiente el tratamiento de la aprobación o el rechazo del Decreto de
Necesidad y Urgencia 267/15. El Gobierno, además enfrenta diversas
acciones judiciales en trámite por vulneración de derechos y
extralimitación de sus competencias en esta materia.
Más información – 21 nuevos puntos por el Derecho a la Comunicación
Las
más de 300 organizaciones que integran la CCD vienen reclamando en un
amplio plan de acción federal, la plena vigencia de una ley que recibió
amplio respaldo parlamentario y cuya constitucionalidad fue respaldada
por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
2013.
Esta multisectorial también puso en debate y aprobó los
Nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, como actualización de
sus principios de políticas públicas que abordan la diversa agenda de
la convergencia tecnológica en el uso de redes y el fortalecimiento de
las industrias culturales argentinas.
Está abierta la adhesión a
este documento por parte de organizaciones y personas, desde la página
web http://www.coalicion.org.ar.
Coalición por una Comunicación Democrática
2 abril 2016 - Agradecemos su difusión
Link al petitorio: http://www.coalicion.org.ar/app/uploads/2016/04/Solicitud_CIDH.pdf
Información de la CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-157-audiencias-es.pdf
Link a los Nuevos 21 Puntos: http://www.coalicion.org.ar/21-puntos-por-el-derecho-a-la-comunicacion/