LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
Audiencia sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José
Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina,
contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó
al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer" y cómo la va a
enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el
Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad
civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial
pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison
Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la
diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y
remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las
audiencias.
Horacio Verbitsky, presidente del CELS, afirmó que
“con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que
muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de
convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y
multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que
excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los
consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los
procedimientos legales que los amparaban”. Verbitsky también se refirió a
los efectos de la reforma de la LSCA en el ejercicio del derecho a la
comunicación: “El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en
el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin
regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la
implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa
que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad
de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco
jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la
sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se
quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.”
Martín
Becerra, especialista en políticas de comunicación, recordó que “la
Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces
contra uno, entendió que es obligación del Estado generar políticas
públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de
la concentración” y remarcó “que la concentración excesiva de la
palabra es una antítesis de la democracia”. Becerra también afirmó: “la
Argentina exhibe altos niveles de concentración. Casi el 40% de las
licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. En la
televisión de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares
accede a la tv, casi el 70% de los abonos está controlado por dos
grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la
espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto,
potencian la concentración. La audiencia tiene por propósito examinar
los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y
que es preocupante no sólo porque agrava el problema de la
concentración sino, además, porque decretó con la creación del ENACOM
una completa gubernamentalización de la aplicación de políticas,
alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad
del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.
Damián
Loreti, secretario del CELS y representante de la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias, afirmó que tanto la creación de una autoridad de
aplicación dependiente del Poder Ejecutivo y sin ningún ámbito de
participación de los actores de la comunicación como quitar la
televisión por cable de los servicios regulados por el Estado y la
consiguiente eliminación de la obligación de los cables de transmitir
señales producidas por terceros (must carry) son contrarias a los
estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
Daniel Badenes, en representación de la
Universidad Nacional de Quilmes y de la Red de Carreras de Comunicación,
relató que los decretos desplazaron a las universidades de todos los
espacios de toma de decisiones sobre el sistema de medios, tanto del
directorio del AFSCA como del Consejo Federal. Se pasó de una autoridad
de aplicación plural, integrada por representantes de diversos sectores,
a una representación en la que, de los siete integrantes del
directorio, cuatro son nombrados a discrecionalidad por el Poder
Ejecutivo y de los tres designados por el Congreso, uno es integrante
por el oficialismo y solo dos por las minorías. Además, pueden ser
removidos por el Poder Ejecutivo en forma directa, eliminando las
garantías de independencia.
Néstor Busso en representación de
las radios comunitarias, populares e indígenas, afirmó que “mientras
compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en
forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de
radio y televisión –abierta y por cable- están demorados”. Busso también
destacó que “la declaración conjunta de relatores y relatoras
especiales de libertad de expresión de 2014 sobre universalidad y el
derecho a la libertad de expresión recomienda a los Estados: 'Crear y
habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a
fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de
comunicación y expresión de distintos grupos e individuos'. Ese marco
jurídico existía en la Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una
clara regresión”.
Osvaldo Francés, en representación de los
radiodifusores privados, afirmó que “la nueva reglamentación hace
desaparecer en los cableoperadores la obligación del must carry. Esta
situación conlleva a la desaparición de estos canales locales y la
pérdida de fuentes de trabajo en el corto plazo, hechos que ya se está
produciendo”.
Oscar Nocetti, cooperativista, destacó que los
decretos “desguazan el carácter antimonopólico de la ley. Les han
quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que les
impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Esos decretos
afectan nuestros derechos económicos y nuestros derechos culturales.
Quiebran con nuestra concepción de que la comunicación es un derecho
humano y quitan voz a las comunidades que se dignifican a través de sus
cooperativas”. La eliminación de la regulación de los cables también
afecta a los canales universitarios, como lo señaló Badenes en su
exposición.
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús,
resumió el petitorio a la CIDH en el cual las organizaciones pidieron
que se solicite al Estado argentino la adopción de medidas que impidan
la consolidación de las regresiones y cumplan con los principios de
protección de la libertad de expresión, entre otras cuestiones
disponibles.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión,
Edizon Lanza manifestó su preocupación por determinados aspectos de los
decretos. Sobre el ENACOM, el Relator afirmó que su composición y
atribuciones “prima facie, como está hoy diseñado, no cumpliría con
estos estándares [de libertad de expresión], debido a que debe estar
blindado de toda injerencia política o económica”. Lanza también se
refirió a “la preocupación especial que tiene la Relatoría, la Comisión y
la Corte [Interamericana] que acaba de decir en la sentencia del caso
de RCTV que la búsqueda de la diversidad y el pluralismo es una
finalidad imperiosa también, y una obligación de los Estados.
Particularmente nos preocupa la obligación que tiene el Estado de
facilitar el acceso a todas las plataformas, más allá de que sean
convergentes o no, de todos los medios de comunicación, sean estos
comerciales, públicos o comunitarios. En ese sentido, el tratamiento que
se le da actualmente a la televisión por suscripción en Argentina, que
es muy importante porque el 83% de la población tiene acceso a la
televisión por suscripción, y la desaparición de las reglas del deber de
transmisión pueden afectar justamente a algunos sectores de la
comunicación”.
La mayoría de las intervenciones del Estado
argentino fueron para relatar episodios y decisiones del gobierno
anterior más que para responder a las denuncias sobre la afectación de
derechos ocasionada por los decretos que crearon un escenario difícil de
revertir. Los representantes del Estado afirmaron que la futura
regulación del sistema de medios contemplará principios de pluralismo,
diversidad y participación social acordes a los estándares del sistema
interamericano de derechos humanos. Tal como quedó expuesto en la
audiencia, no es eso lo que ha ocurrido en sus primeros cuatro meses de
gestión.
08/04/2016 (3421)
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