LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
La CCD ante nuevos ataques al periodismo y la libertad de expresión.
La Coalición por una Comunicación Democrática expresa su preocupación y repudio ante los ataques sufridos por periodistas y trabajadores organizados en Cooperativa del periódico Tiempo Argentino y de Radio América a manos de empresarios inescrupulosos y amparados por sectores del poder que contratan patotas para agredir a trabajadores y silenciar a medios de comunicación. Sergio Szpolsky y Mariano Martínez Rojas representan esa concepción mercantil, prebendaria y oportunista de la comunicación al servicio de intereses personales y corporativos que niegan el derecho humano a la comunicación. La CCD reivindica el carácter de interés público de los servicios de comunicación cuya garantía le corresponde al Estado Nacional. Ningún acto de censura o atentado contra el libre ejercicio profesional de los trabajadores de prensa corresponde a la esfera “privada”. Constituye un acto de gravedad institucional que debe ser esclarecido y castigado.
Señalamos que ha sido el actual Poder Ejecutivo, mediante Decretos de
Necesidad y Urgencia (267/15), quien ha permitido la compra y venta de
licencias de radio y televisión como simples trámites comerciales,
desvinculados de toda responsabilidad social y del carácter público y
regulado que debe caracterizar el empleo de bienes públicos como las
frecuencias radioeléctricas. La ley 26.522 –aún vigente en este punto-
obliga además al Estado a preservar la continuidad de las emisiones en
defensa de las audiencias así como al resguardo de las fuentes
laborales.
Como se expresa también en los nuevos 21 Puntos por una
Comunicación Democrática, los medios impresos deben contar con todas las
garantías constitucionales de amparo y no ser objeto de trabas directas
o indirectas que impidan la libertad de expresión, como también lo
reafirma el Artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
Más allá
de la investigación judicial correspondiente en el caso –por invasión
de propiedad o lesiones- a los responsables de la tropelía ocurrida en
la madrugada de este lunes 4 de julio, también es necesaria una urgente
intervención de las autoridades que entienden en las políticas de
comunicación para ofrecer todas las garantías que requiere el estado de
derecho pleno y la democracia.
La CCD se solidariza con los
trabajadores de la comunicación agraviados por este atentado y reafirma
su voluntad de seguir trabajando por la progresividad de los derechos
alcanzados con la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y
denunciar cualquier intento de vulneración de los principios que amparan
la libertad de expresión, el trabajo digno y la comunicación como un
bien social al servicio de los ciudadanos.
Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.
05/07/2016 (3534)
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