En cambio, el cuerpo legislativo no logró inhabilitarla, ya que en una
votación posterior a la de la destitución 42 senadores apoyaron esa
opción, 36 sufragaron a favor de mantenerle los derechos y tres se
abstuvieron, por lo que no se alcanzaron los dos tercios (54 votos) de
la Cámara Alta necesarios.
Rousseff, que había sido electa el 26
de octubre de 2014 por apenas 51,6% de los votos, la menor diferencia de
la nueva democracia brasileña tras la caída de la dictadura en 1985,
siempre rechazó los cargos que le formularon y denunció que su
destitución constituía un golpe de estado parlamentario.
En ese
sentido, afirmó que el separado presidente de la Cámara de Diputados,
Eduardo Cunha, había impulsado el proceso en su contra como venganza
porque el poder político no había neutralizado denuncias en su contra
por corrupción.
La votación de hoy puso fin a un prolongado
trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue
supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante
constitucional del proceso.
Rousseff fue hallada culpable de
alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el
Parlamento y de contratar créditos a favor del gobierno con la banca
pública, lo cual ha negado durante todo el proceso.