“El acceso a la energía es, al igual que el derecho a la comunicación,
un derecho humano que no se puede someter a las reglas del mercado con
un gobierno que se hace el desentendido, gobernando para beneficio de
los monopolios y las clases dominantes, desoyendo el reclamo del
pueblo”, manifestó Di Spalatro en sintonía con lo expresado por
Sbatella.
Sbatella, quien hasta hace meses encabezó la Unidad de Investigación
Financiera (UIF), se comprometió a llevar el reclamo de los
radiodifusores Pymes a la audiencia del 16 de Septiembre, a la vez que
de postergarse la misma, consideró importante que los medios de
comunicación de ARBIA participen directamente con su propia voz en la
audiencia.
Insistió en que “el acceso a la energía es un
Derecho Humano, y el Estado tiene la obligación de dar a conocer los
costos púbicamente. [El ministro de Energía] Aranguren está haciendo un
desmadre, en algunos casos por desconocimiento y en otros por
complicidad con las empresas proveedoras. Uno no puede tomar una medida
que afecta tanto a la población sin medir el impacto que va a tener. No
es razonable que pretendan aumentar los servicios un 200%, simplemente
porque los sueldos aumentaron sólo el 30%”.
Sbatella destacó la
importancia de la organización popular y manifestó que “desde el
Gobierno y la empresas están tratando de convertir este reclamo
colectivo en muchos reclamos individuales para restarle significancia”.
El
Gobierno sólo ha convocado a una única Audiencia Pública, que se
realizará en el viernes próximo en la ciudad de Buenos Aires. Esto,
entiende Sbatella, “conspira contra el federalismo, porque obliga a que
todas las personas que quieran participar del debate tengan que viajar a
Capital Federal”.
Recordemos que la primera etapa del freno al
tarifazo se logró gracias a la organización popular, mediante la junta
de firmas y la realización de movilizaciones. Esta lucha se vio
reflejada parcialmente en el fallo de la Corte que suspendió los
aumentos y forzó a Macri a convocar audiencias públicas. Pero la
victoria fue parcial porque aún resta incluir a comercios, clubes de
barrio, medios de comunicación pequeños con arraigo local y
universidades, pero también porque Macri pretende imponer un tarifazo
luego de convocadas las audiencias. Esto abre el escenario para una
segunda etapa de lucha.