En un escrito, señaló que "la evidencia referida a las relaciones de
dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina
que su libertad (de Sala) en pleno proceso implicaría un claro peligro
para con los objetivos de la investigación".
La Cancillería,
en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, elevó una
respuesta a los órganos de la OEA y la ONU sobre la situación de Milagro
Sala ante el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que
determinó hace 20 días en un informe que la detención de la dirigente
social era "arbitraria" y había reclamado su liberación.
Según
publicó el diario La Nación, el Gobierno envió a los organismos
internacionales un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos
Humanos, un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52
páginas con fundamentos de la detención de Sala del Tribunal Superior
de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy.
A la vez,
en el informe enviado por la Cancillería invitó a los representantes del
Grupo de Trabajo de la ONU y de la OEA a visitar Jujuy "a efectos de
tomar cabal conocimiento de todas las circunstancias que justifican la
detención mientras se encuentran debidamente respetadas y garantizadas
las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada".
El
informe que envió el Gobierno a Washington y a Ginebra advierte con
claridad que Sala "lejos sufrir una detención arbitraria como opina el
Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la
ONU, permanece encarcelada en función de un proceso debidamente
acreditado donde justifica de modo razonable el riesgo procesal por
colusión de testigos". También consideró que los argumentos del Grupo de
Trabajo de la ONU "desatienden una serie de cuestiones fácticas
esenciales para arribar a semejante conclusión".
Se incluyó
además un informe sobre el expediente judicial que avanza en Jujuy
contra Sala donde señala que "se encuentra plenamente acreditado un
millonario fraude a la administración pública operado con fondos
destinados a la construcción de viviendas".
Además, aseguró que
está probada "la activa participación de Sala en un mecanismo por el
cual la dirigente social, a través de pequeñas cooperativas, recibía
recursos provenientes del Estado Nacional, y que por medio de mecanismos
extorsivos conseguía que las mismas emitieran facturas por obras que
jamás se hicieron".