El ministro Nicolás Dujovne trabaja en una reforma fiscal que, aseguran, será "gradual". El Gobierno nacional prepara una "gradual" reforma tributaria, con el objetivo de reducir la carga fiscal. Para eso, puso el ojo en tres impuestos principales: las cargas patronales, el impuesto a las Ganancias y el impuesto al cheque. Según reveló el diario La Nación, la reforma que estudia Dujovne sobre la base de un estudio encargado a la fundación FIEL incluye además negociar con las provincias una ley de Responsabilidad Fiscal, que incluya la rebaja a un tributo provincial de amplio impacto en la actividad económica: Ingresos Brutos.

En el caso del mal llamado "impuesto al trabajo", la propuesta de Dujovne implica una fórmula que ya se aplicó en los '90 y sobre el final del kirchnerismo: la reducción de cargas patronales como forma de fomentar la contratación de personal. Se trata de un viejo reclamo empresarial.

Otro punto para por el impuesto a las Ganancias para todas las categorías. En ese caso, la reforma implica volver al ajuste automático por inflación y modificación de las cuotas que pagan mensualmente.

Asimismo, otro punto es el impuesto al cheque. Allí, desde Hacienda prometen una reducción gradual, atentos al impacto fiscal que tiene sacar de un plumazo un impuesto que se puso como emergencia en 2001. "No se puede sacar de la noche a la mañana", aseguró la mano derecha de Dujovne, Nicolás Galiani, al centenario matutino.

Por su parte, el Gobierno trabaja un acuerdo con los mandatarios provinciales para modificar el impuesto a los Ingresos Brutos, que cobran esos distritos sobre la facturación de los comercios e industrias. El arreglo forma parte de la sanción de una ley de Responsabilidad Fiscal en la que buscan comprometer a los gobernadores a una reducción del gasto que acompañe la baja de los impuestos. Esto punto es sensible, ya que las provincias tienen a su cargo los servicios básicos: educación, salud y seguridad.

En la propuesta que FIEL le acercó al Gobierno se incluía la eliminación del impuesto de fomento al cine. Se trata de un tributo del 10% sobre el valor de las entradas vendidas en las salas cuya recaudación tiene asignación específica: el presupuesto del INCAA. Hoy, el sector cinematográfico está en pie de guerra por el despido de Alejandro Cacetta y el temor a un desfinanciamiento de la actividad.