El Ministerio Público Fiscal denunció que el Gobierno aprobó 400 tratamientos contra la hepatitis C, pero hace más de un año no les entrega los medicamentos. Por esto, intimó al Ministerio de Salud a que reactive “de manera urgente” los procedimientos. El titular de la Dirección de Acceso a la Justicia (ATAJO), Julián Axat, y el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia, solicitaron al ministro Jorge Lemus que la cartera a su cargo, de manera urgente, garantice la provisión de los tratamientos a las personas afectadas con hepatitis C. La discontinuación en el suministro podría afectar sensiblemente a quienes padecen la enfermedad.

La presentación obedece a la solicitud que un grupo de personas afectadas realizaron ante la sede central de la Dirección de Acceso a la Justicia, en representación de 400 pacientes de todo el país, en la que expresaron la grave situación que atraviesan.

De acuerdo a lo señalado por los solicitantes, “la situación se ve agravada por las dificultades en el acceso a técnicas diagnósticas y de estadificación por parte del Ministerio de Salud de la Nación (Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales) para quienes carecemos de obra social”. Además, afirmaron según Fiscales.gob.ar que “en la actualidad existen 400 solicitudes aprobadas de personas en todo el país con estadios F3 y F4 que esperan el tratamiento solicitado hace más de un año. A estas personas deben sumarse aquellas que se encuentran en la etapa de consideración. Muchos de estos pacientes, debido a su condición de infección avanzada y a la demora en la distribución de medicamentos, probablemente ya estén sufriendo graves consecuencias en su salud (cirrosis, cáncer hepático, etc.)”.

Los denunciantes ampliaron que “el Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales sólo acepta solicitudes de personas con estadios F3 y F4, pero son muchas más las personas con hepatitis C con estadios menores pero avanzados que podrían evitar la progresión si fuesen tratadas e incluidas” por la cartera de salud.

“En estos momentos el programa está casi paralizado en su función esencial de atención a los enfermos. No distribuye medicamentos (Entecavir para hepatitis B) ni tratamientos para hepatitis C desde mayo de 2016 aproximadamente. Tampoco envía a los hospitales del país los reactivos para genotipos y cargas virales, indispensables para conocer el estado de la infección”, señalaron.

Según detalla el acta que recoge el testimonio, los denunciantes recurrieron a las fiscalías a fin de “poder preservar nuestra salud e integridad física y otros derechos que también podrían estar siendo afectados por esta demora e incerteza respecto a los tratamientos mencionados”.

En su presentación ante el Ministerio de Salud, Axat y De Vedia instaron a que “se garantice el derecho a la salud de las personas afectadas de manera efectiva y sin dilaciones, a los fines de evitar daños irreversibles que podrían derivar en acciones legales tanto civiles como penales”.

El escrito se funda en las 100 reglas de Brasilia de Acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad, las cuales fijan la obligación en los operadores administrativos y judiciales de arbitrar herramientas específicas para que tales personas puedan ejercer con plenitud ante el sistema de justicia y organismos públicos los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre ellos, el derecho a la salud, que se encuentra amparado por tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, y el acceso a tratamientos efectivos en tiempo y forma y de manera ininterrumpida.