Por pedido de la familia, el fiscal pidió el cambio de carátula y ahora avala la principal hipótesis que preocupa al Gobierno. La causa por la desaparición de Santiago Maldonado dio un giro importante: la fiscalía federal aceptó el pedido de la familia y la recaratuló como "desaparición forzada". De esta manera la investigación se redirige hacia las fuerzas de seguridad, en especial a la Gendarmería, que hasta el momento contó con la defensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según informó la familia de Santiago a El Destape, tras la reunión con la fiscal de la causa, la funcionaria judicial informó que "la investigación es sobre el delito de desaparición forzada de Santiago y dio curso a nuestro pedido de recaratulación; que a fin de continuar con las medidas adoptadas en tal sentido solicitó el secreto de sumario por 10 días corridos más; que solicitó a la Procuración General diera curso a nuestro pedido de integración del equipo de investigación".

El delito de desaparición forzada trae implícita la responsabilidad de miembros del Estado. La principal hipótesis sostenida desde los organismos de derechos humanos y la familia es que Santiago fue detenido de forma irregular tras la represión a una protesta mapuche en la ruta 40, el pasado 1 de agosto. Dos miembros de la comunidad declararon en la Justicia que vieron cómo efectivos de la Gendarmería se lo llevaron por última vez.

Para el Gobierno nacional, en cambio, no está demostrada la presencia de Santiago aquel día. Por el contrario, no descarta hipótesis tales como que Maldonado fue acuchillado el 21 de julio por comerciante tras defenderse de un asalto, o que el 25 de ese mes pudo haber sido agredido por un mapuche. Estas últimas versiones fueron desmentidas por el testimonio de una mujer, que declaró haberlo visto el 27 y 28 de julio en una peña folklórica.

El artículo 142 ter del Código Penal establece, admás, una condena "de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona".

La medida llega, además, un días después de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresara su preocupación por la causa y otorgara una medida cautelar. "La Comisión concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo", afirmó.