El Observatorio de la Riqueza "Padre Arrupe" presentó un extenso escrito
ante la Corte Suprema para impedir la fusión entre Cablevisión y
Telecom.
Según el documento de 172 carillas al que tuvo acceso
ámbito.com, la entidad presentó un "recurso extraordinario" contra la
Resolución que autorizó la creación del gigante de las
telecomunicaciones, donde solicitan un "demanda declarativa de
inconstitucionalidad" de la normativa, la "nulidad absoluta insanable y
manifiesta" del acto administrativo, la suspensión de fusión y una
convocatoria a audiencia pública para escuchar a los abonados,
especialistas y ciudadanos, presumiblemente perjudicados por la decisión
del Gobierno nacional.
La presentación lleva la firma de Guillermo
Robledo, coordinador del Observatorio y dirigente social alineado al
Laudatismo Sí, que pregona el Papa Francisco desde El Vaticano; el
exjuez federal Carlos Rozanski, y Eduardo Murúa, presidente del
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y miembro de la CTEP.
El patrocinio es del abogado Gabriel Coria.
"Venimos a interponer en
tiempo y forma recurso extraordinario por salto de instancia contra la
Resolución 5644-E/2017 de ENACOM que autoriza la fusión de Telecom S.A y
Cablevisión S.A C.V., en contexto de vacío regulatorio del Estado sin
precedentes", alertaron los denunciantes. Y agregaron: "La Resolución
5644 da origen a un monopolio comunicacional sin antecedentes en la
historia argentina con alcance al 85% de la población argentina,
generando hechos que violan leyes nacionales y derechos esenciales de la
Constitución".
Aunque todavía falta que se expida la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, el primero de enero pasado
Cablevisión indicó a la Bolsa de Comercio que tras haber tenido efecto
la fusión, "la sociedad se ha disuelto sin liquidación", y se procedió
al traspaso de las operaciones y actividades a Telecom Argentina. Por su
parte, Telecom anunció la emisión de 1184 millones de acciones, de las
cuales 342 millones Clase A son para Fintech Media, del empresario David
Martínez; 406 millones Clase D para Cablevisión Holding (CVH) de los
accionistas controlantes del "Grupo Clarín" y 434 millones Clase D para
VLG Argentina, perteneciente a CVH.
CVH comunicó que pasó a ser el
accionista controlante de la empresa fusionada. Como nuevo presidente de
Telecom fue designado Alejandro Urricelqui, que hasta ahora se
desempeñaba como director de finanzas del Grupo Clarín, mientras la
vicepresidencia la ocupará Mariano Ibáñez que hasta el momento ejercía
la presidencia de la empresa telefónica y provenía de Cablevisión.
Robledo,
Rozanski y Murúa reprochan que el Gobierno de Mauricio Macri concedió
la autorización a través de un "ente sin rango Ministerial" y en tiempo
récord, y que las empresas ya operan en conjunto desde la feria judicial
pasada, por lo que existe un "hecho consumado" ilegal, que viola el
orden constitucional y provoca una "grave lesión" a los intereses de la
Nación y a todos los ciudadanos.
"La consecuencia buscada es la
nulidad de la Resolución 5644/E 2017 y la suspensión de todo proceso de
fusión que amerite la conformación de un poder monopólico de
comunicación sin un marco regulatorio que garantice los derechos
Constitucionales y la Doctrina de la Corte", sostuvieron en el escrito.
Los
denunciantes explicaron que actúan según lo estipulado en el artículo
43 de la Constitución, que refiere a la protección de los "intereses
colectivos" de los ciudadanos y remarcó la falta de respuestas a tres
presentaciones ante la Comisión de Defensa de la Competencia por la
gravedad de la fusión. "No han sido respondidas superándose todos los
plazos, en tanto los hechos consumados siguen produciéndose", alertaron.
El
dossier incluye citas a normativas internacionales, estudios académicos
sobre la concentración mediática, referencias a escritos de Damián
Loreti y Martín Becerra, una asociación entre paraísos fiscales y dueños
de medios, una declaración del Papa Francisco y hasta un capítulo sobre
"la corrupción lingüística en el gobierno de Macri".
Los
denunciantes explicaron que actúan según lo estipulado en el artículo 43
de la Constitución, que refiere a la protección de los "intereses
colectivos" de los ciudadanos y remarcaron la falta de respuestas a tres
medidas presentadas ante la Comisión de Defensa de la Competencia. "No
han sido respondidas superándose todos los plazos, en tanto los hechos
consumados siguen produciéndose", alertaron.
Según los peticionantes,
si la fusión entre la empresa del Grupo Clarín y Telcom "el país
quedará en condiciones de absoluta debilidad frente a fuerzas
internacionales en curso".
En concreto, le piden a la Cortes que
dicte una sentencia que declare la "nulidad absoluta, insanable y
manifiesta" de la Resolución 5644 y se convoque a una nueva audiencia
pública para abrir una debate internacional sobre la conveniencia de la
fusión para el país y la región, donde participen enviados de la ONU, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta el Sumo Pontífice.
"La
suspensión de la Resolución y la fusión en curso debería estar
acompañada con un debate en audiencias públicas, con proyección y
tiempos universales que ayude a una apertura de debate en las Naciones
Unidas", propusieron, y hasta ofrecieron al primer disertante. "(La
audiencia) podría ser inaugurada por nuestro Papa Francisco en una
visita exclusiva a la Corte Suprema, junto a la Conferencia Episcopal
Argentina y Latinoamericana (CELAM)", plantearon.