Según se acordó, la intención es escuchar a Ibarra y luego, en las
semanas siguientes, convocar a especialistas en telecomunicaciones y a
empresarios vinculados con el sector para conocer su opinión.
La
iniciativa modifica y deroga varios artículos de las leyes de Servicios
de Comunicación Audiovisual, que nunca llegó a aplicarse completamente, y
de Argentina Digital, ambas sancionadas durante las presidencias de
Cristina de Kirchner.
El proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado
consta de doce artículos y, según sus fundamentos, pretende 'eliminar
barreras legales que restringen la competencia en materia de servicios
de tecnologías de la información y las comunicaciones' en particular
referidas a infraestructura y a radiodifusión por suscripción.
Sin
embargo, el ítem más importante es el que permite la posibilidad de que
las telefónicas brinden servicios de televisión satelital.
La
decisión de modificar la Ley de Argentina Digital está basada en una
decisión tomada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de
diciembre de 2017, y por una resolución del Enacom de enero de este
año.
La Ley de Argentina Digital, aprobada en 2014, dispone que los
licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar
servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 'con
excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital'.
Según
los fundamentos del proyecto, 'la distinción entre la radiodifusión por
vínculo físico o radioeléctrico, por un lado, y la que se presta a
través de medios satelitales, por el otro, resulta artificial, por lo
que no se justifica otorgar un distinto tratamiento regulatorio a
prestaciones que, en esencia y desde el punto de vista del usuario,
resultan idénticas'.
El proyecto del Ejecutivo reseña que Defensa de
la Competencia 'identificó a los servicios de televisión por cable y
televisión satelital como servicios sustitutos', y que la distinción
regulatoria 'distorsiona el mercado' a la vez que 'atenta contra la
competencia entre servicios que resultan sustituibles entre sí'.
De hecho, la resolución del Enacom de enero habilitó la prestación de servicios de radiodifusión mediante cable o satélite.
En
ese sentido, para 'permitir el inicio inmediato de la prestación de los
servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo satelital
allí donde no exista un prestador del servicio de TV por cable o donde
sólo exista un prestador' el Poder Ejecutivo establecerá un cronograma
de inicio de la prestación, 'considerando el ámbito geográfico, temporal
y de evolución de la integración, hasta el 1° de enero de 2019'.
Por
otra parte, el proyecto enviado hoy también establece 'lineamientos y
condiciones' para el fomento del despliegue y el uso compartido de la
llamada 'infraestructura pasiva' como torres, postes o cámaras que
alberguen cables, antenas u otros dispositivos.
'Es política del
Gobierno nacional promover la competencia de infraestructuras,
facilitando que los prestadores de estos servicios desplieguen sus
propias redes, para generar mayor conectividad e inversión en
infraestructura, que redunde en más y mejores prestaciones a los
consumidores, a precios competitivos y con mayor calidad', se señala en
el documento que ya fue girado a los senadores que integran la Comisión
de Medios.
Según asume el Ejecutivo, 'el uso compartido de
infraestructura permite una utilización más eficiente del capital,
acelera el despliegue de redes, respeta en mayor medida el medio
ambiente y redunda en una disminución de los costos del sector y por
ende facilita la reducción de los precios de los servicios de
telecomunicaciones a los usuarios finales'.
Dentro de esta política
de 'compartir' la infraestructura para la construcción de nuevas redes
también se incluye a las antenas y demás artefactos de uso afín que
pertenezcan al gobierno nacional.
Asimismo, el proyecto establece que
el gobierno 'adjudicará en forma directa a la Empresa AR-SAT, las
frecuencias que requiera' para concluir la Red Federal de Fibra Optica
que se encuentra en expansión.