De lo contrario, el dólar no tiene precio. Si eso ocurre, aumenta el
riesgo de contagio sobre el sistema bancario. Las condicionalidades que
impone el Fondo Monetario, al establecer que el dólar debe flotar aunque
el país se vaya a pique, más que aportar a la solución llevó la crisis a
una escala superior. El FMI no se preocupa por la suerte de los
argentinos. Lo que busca, como representante del establishment
financiero internacional, es evitar el default.
Las anteojeras
ideológicas de los funcionarios les impide cambiar de manual. A esta
altura que no haya una reversión de la desregulación cambiaria y de la
apertura irrestricta para la entrada -algo que ya casi no ocurre- y
salida de capitales luce como pura negligencia. El Gobierno debería
asumir que dos años y medio de esa política llevó al país a la situación
angustiante que se vive por estas horas. Mantener en pie la posibilidad
de comprar dólares sin ningún límite forma parte de la dinámica que
obligó a un endeudamiento superior a los 100 mil millones de dólares
desde diciembre de 2015. Aquellos que embolsan más de 5 millones por mes
se llevan en promedio unos 200 millones de las reservas del Banco
Central todos los meses. El Gobierno nunca dio una buena explicación de
por qué entrega esas divisas para la fuga al mismo tiempo que toma
crédito a cuatro manos, antes en los mercados internacionales y ahora
del FMI, para financiarlo. El arribo de Caputo y de su ex compañero en
el Deutsche Bank, Gustavo Cañonero, al BCRA confirma que la opción
elegida es más de lo mismo. Los financistas devenidos en funcionarios se
dedicarán a negociar con sus antiguos colegas para que colaboren con el
rescate del FMI, claro que asumiendo el Estado el costo que le pidan
para obtener las divisas. En mayo esa salida ocurrió con la compra de
bonos Bote por parte de los fondos Templeton y Blackrock y pasado mañana
se intentará algo similar con la colocación de bonos por el equivalente
a 4 mil millones de dólares para descomprimir el vencimiento de las
Lebac del día siguiente. El esquema montado, en definitiva, somete a la
Argentina a las reglas del capital financiero. La rueda de tomar deuda
para pagar deuda es la misma que funcionó a toda velocidad en los ‘90,
cuyo desenlace fue el descalabro de 2001.
Frente a tantas necesidades
de financiamiento, el Gobierno se comprometió ante el FMI a suprimir la
asistencia del Banco Central al Tesoro. Este año estaba previsto el
giro de unos 140 mil millones de pesos, de los cuales hasta el momento
se habían remitido cerca de la mitad. Quedaban unos 70 mil millones de
pesos, equivalentes a 2500 millones de dólares, que el Estado nacional
recibía a tasa cero. Ahora al privarse de esos recursos deberá buscarlos
en el mercado pagando tasas de interés cada vez más altas. Es una
operatoria que sirve de ejemplo de los costos que está dispuesto a
asumir el oficialismo para endulzar al capital financiero, así como lo
hizo al remunerar encajes bancarios al 40 por ciento para que lideraran
la compra de Lebac en el último supermartes. La lógica que guía estas
políticas es la misma que aplicó de entrada el Gobierno en su arreglo
con los fondos buitre. Llegó a pagarles más de lo que pedían con tal de
que Argentina pudiera reingresar en los mercados de deuda, supuestamente
para conseguir financiamiento para el desarrollo y el crecimiento
económico. Los resultados de esa estrategia están a la vista. Los
buitres, otra vez, están al acecho de la Argentina, viendo como se
cocina una nueva crisis para volver a picotear.
El FMI, al mismo
tiempo, exige la liquidación del fondo anticíclico que garantiza el pago
de jubilaciones y pensiones: el FGS en manos de la Anses. Tanto
hablaron Macri, Elisa Carrió y el radicalismo de la plata de los
jubilados cuando eran oposición que terminaron por echar mano a ese
botín. En este caso no hay ningún prurito del organismo multilateral
para que el Estado se apropie de esos recursos para gastos corrientes,
sino que lo habilita para asfaltar el camino hacia una reforma
previsional que buscará aumentar la edad de retiro y restablecer la
capitalización privada. La vuelta de las AFJP esta vez estará orientada a
la crema de los aportantes, para consolidar un patrón de jubilados de
primera, de segunda y de tercera.
Los costos de la irresponsable
política de apertura importadora, el otorgamiento de facilidades para la
fuga de divisas y los gastos en turismo y compras de argentinos en el
exterior son cada vez más altos. El primero fue pasar de una situación
de desendeudamiento a otra de dependencia creciente del financiamiento
externo, lo cual generó la vulnerabilidad y la inestabilidad que se
reflejan ahora en el mercado de cambios. El sacrificio de un activo
estratégico como el FGS es otra de las graves pérdidas del programa
oficial. Lo mismo puede decirse de la decisión de cancelar la
construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares. El ministro de
Energía, Juan José Aranguren, lo justificó esta semana al asegurar que
el Estado no debía asumir una deuda de unos 6000 millones de dólares con
China para levantar Atucha III. Es curioso el orden de prioridades,
sobre todo si se tiene en cuenta que en apenas dos meses el Banco
Central dilapidó 8500 millones de reservas frente a la corrida
cambiaria. Es decir, una central atómica entera e incluso más. El
Gobierno, como se ve, ha llevado a la Argentina a una situación crítica
de la cual no será nada fácil salir. En la caída cuesta abajo
Sturzenegger se bajó del carro, pero si el Gobierno no cambia, terminará
por no ser el único.