El Gobierno se prepara iniciar en septiembre las negociaciones con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo acepte un
waiver (perdón) por no cumplir con una de las pautas estipuladas en el
acuerdo firmado en julio: el límite de inflación de 32%. Como argumento
se utilizará una paradoja: que impidieron ese objetivo las exigencias
del propio FMI de desmantelar de manera rápida la bomba de tiempo de las
Lebac y la imposibilidad de financiar corridas bancarias con el dinero
aportado. Según las autoridades argentinas, la presión devaluatoria
provocada por ambas medidas negociadas con el organismo que dirige
Christine Lagarde fue la principal causa del alza de los precios desde
mayo de este año hacia delante; aun por encima de la presión de los
aumentos de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos y
el transporte. Para los técnicos del oficialismo, el alza de la divisa
tiene en la estructura económica nacional una incidencia directa en el
incremento de la inflación de tal tamaño, que a veces hasta es difícil
de entender desde el exterior. Incluso el macrismo en toda su
trayectoria de algo más de dos años y medio, comprendió que una
devaluación implica una inevitable alteración ascendente del Índice de
Precios al Consumidor (IPC). Y que lo único que restaría es aplacar las
consecuencias y hacerlas lo menos dolorosas posibles. Incluso el elenco
gobernante, en los tiempos de Alfonso Prat Gay y Federico Sturzenegger
incluyeron un nuevo término al fenómeno: el pass through.
Al comienzo
de la misión oficial del FMI este argumento generaba dudas. Los
enviados de Lagarde al mando del italiano Roberto Caldarelli,
acostumbrados a controlar las cuentas de países más estables y
obedientes a las reglas mundiales de la macroeconomía; mostraron al
comienzo de su gestión en julio de este año, muchos cuestionamientos a
la teoría del alza de la inflación provocada por una devaluación. Y
menos en situaciones y escenarios recesivos. Fue con los datos sobre la
mesa obtenidos en las fiscalizaciones mensuales de los técnicos, que
Caldarelli y su gente comprendieron que la Argentina tiene sus propias
reglas económicas, que a veces queman los libros de la ortodoxia y
obligan a los actores más respetados a repensar sus ideas.
Aparentemente, los datos inflacionarios de junio y julio (casi cercanos
al 7% bimensual, un porcentaje que los países de la región tienen en
todo un ejercicio), provocados por el alza del dólar y su efecto en los
precios; convencieron a los enviados de Washington. O al menos eso es lo
que esperan desde Buenos Aires.
Los números inflacionarios que
maneja el ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne y el Banco Central
de Luis Caputo, aún son optimistas, y hablan de la pelea cuerpo a cuerpo
para sostener el 32% final. Sin embargo ya son varios los funcionarios,
incluyendo los aún poderosos hombres de la jefatura de Gabinete de
Marcos Peña, que comienzan a escuchar las voces de los economistas
privados que hablan de un 34% seguro y la posibilidad de romper la
empalizada del 35% anual. Inevitablemente esto implicaría no cumplir con
una de las metas fundamentales del acuerdo con el FMI, y la obligación
de negociar un perdón que incluya no sólo la variable inflacionaria sino
además la de crecimiento. Según lo firmado, este año el país debería
crecer 1%, y desde la Casa de Gobierno ya hay cierto convencimiento
pesimista que este año volverá a cumplirse la maldición de los años
pares. Esto es, una caída en la actividad económica similar a la del
2014 y el 2016. El incumplimiento de esta meta esa asumido por el
Gobierno de Mauricio Macri, en parte, por la crisis truca y, en parte,
por las esquirlas de la causa de los cuadernos. El problema es la
interpretación del incumplimiento del 32%
Hacienda y el BCRA quieren
que desde Washington se comprenda que fue la última imposición del FMI
la que hizo trizas la posibilidad de sostener el 32% final. La
estrategia acordada para desmantelar la bomba de tiempo de las Lebac,
con la consecuente liberación mensual de unos $100.000 millones al
sistema financiero para que puedan operar en el mercado libre de
cambios; combinado con la exigencia irrenunciable del Fondo de no
permitir que con el dinero del préstamo de u$s50.000 millones se
financien corridas cambiarias; hacían imposible sostener el tipo de
cambio en los límites pactados. Y que, en parte, también en Washington
deben hacerse cargo de las consecuencias; por ejemplo, aceptando el
"perdón".
Obviamente, ni en Buenos Aires ni en Washington, gusta
hablar de un waiver a menos de un año de iniciado el acuerdo de reinicio
de las relaciones crediticias entre el FMI y el país. Sin embargo, peor
sería decretar el fracaso de la ayuda y liberar a la Argentina a su
suerte.