Buenos Aires una ciudad para los negocios inmobiliarios
Las nuevas normas autorizan viviendas de menor tamaño y permiten que en algunas zonas las alturas se igualen hacia arriba para maximizar las ganancias de los desarrolladores. “Se van a profundizar todos los problemas que tiene la ciudad”, advirtió un especialista. El macrismo impulsa una ciudad con el doble de los habitantes que tiene hasta el momento. La Legislatura porteña aprobó en segunda lectura los códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación, con el edificio vallado y custodiado por las fuerzas policiales como es costumbre del oficialismo cada vez que pone a consideración leyes que tienen el rechazo de las organizaciones de la sociedad civil y los bloques opositores.
Las nuevas normativas, pensadas sólo para ampliar la capacidad
constructiva de la ciudad y a medida del mercado inmobiliario, reducirán
los estándares habitacionales al autorizar viviendas de menor tamaño y
permitir que en algunas zonas las alturas se igualen (hacia arriba) para
maximizar las ganancia de los desarrolladores. Además, la oposición
denunció que al dejar afuera los coeficientes de construcción, que serán
aprobado por la autoridad de control y aplicación, se incorpora
discrecionalidad en la ley. Entre otras novedades, se elimina la
obligatoriedad de la vivienda del encargado, así como la bañera en los
baños principales y el bidet.
Luego de tres horas de debate, que
terminó a los gritos y con los ánimos caldeados, el oficialismo aprobó
ambos códigos con 34 votos propios y 23 en contra de los bloques GEN,
UC, PS, PTS, MC, Ev, BP, PO y AyL.
El titular del Observatorio del
Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que “con los nuevos
códigos se van a profundizar todos los problemas que tiene la ciudad:
donde los servicios públicos están colapsados, hay falta de vacantes en
las escuelas, de espacios verdes y crisis habitacional”.
“El Plano
Urbano Ambiental (PUA) es el que planifica y el Código Urbanístico su
herramienta operativa, a la que le ordena que cree una correspondencia
entre la infraestructura de la ciudad y la capacidad constructiva de los
barrios. Y este nuevo Código no responde a ese mandato principal, sólo
regula cómo construir más, ni siquiera apunta a densificar como sostiene
el gobierno, que dice que quiere pasar de tres a seis millones
habitantes en la ciudad, porque hay muchos inmuebles ociosos. A los
servicios públicos y domiciliarios le dedica una oración”, explicó.
Además,
remarcó que el PUA ordenaba que el Código no fuera un código
inmobiliario sino que trabajara con los espacios públicos y verdes, y
“no hay una palabra en relación a esto. Por lo que van a seguir
vendiendo las tierras públicas y sacrificando espacios verdes”.
Para
el especialista, la norma apunta a un blanqueo inmobiliario porque hay
un descontrol respecto a las habilitaciones y con el criterio de
mixturar zonas –habilitar comercios en zonas residenciales– están
legalizando establecimientos que ya funcionan.
“La eliminación del
FOT –porcentaje máximo del terreno que se puede ocupar con edificación– y
la expansión de los enrases (posibilidad de construir en alto hasta la
alturas de una parcela lindera) son parte de ese blanqueo, que es
gratuito porque no le piden que paguen por las construcciones ilegales.”
Durante
la sesión, la oposición remarcó que el Código no va a eliminar las los
edificios en torre ni contempla un plan de infraestructura para recibir
las tres millones de personas que el macrismo, con una simple lógica
demográfica, quiere atraer a la ciudad. Idea que, además, va contra el
PUA que dice que la densificación se limita a zonas no consolidadas
donde se necesita conformar tejido urbano. Afirmaron que los
instrumentos para promover la integración social que se desprenden de la
normativa son escasos y que restará espacios verdes y públicos,
fomentando desarrollos inmobiliarios en detrimento de los habitantes
porteños.
También denunciaron que no se cumplieron con los mecanismos
legales para el tratamiento de la ley y que las audiencias públicas
fueron básicamente un monólogo del oficialismo que no escuchó el reclamo
de las organizaciones sociales.
Al respecto, la legisladora del
bloque Peronista María Rosa Muiños afirmó que no se implementó el Foro
Participativo Permanente del Consejo del PUA, conforme lo estable la
Constitución de la Ciudad ni se dio intervención a la Auditoría de CABA.
Además,
señaló que en “los procesos de reurbanización e integración
socio-urbana, no se especifica los requisitos mínimos de participación,
ni de proyectos de reurbanización como anchos de calles, espacios
verdes, equipamiento, e infraestructura” y que “la determinación de
infraestructuras quedan libradas a las empresas de servicios”. En cuanto
al Código de Edificación, remarcó que se establece para el propietario
la obligación de conocer y cumplir la normativa contenida en el Código, y
que eso mismo “no fue incorporado para las empresas constructoras o
contratistas”.
Uno de los principales cambios que propone el Código
Urbanístico, encargado de establecer dónde, cuánto y con qué criterios
se debe construir, es el haber reducido de 27 alturas máximas actuales a
6.
En corredores como la Avenida Del Libertador, habrá un máximo de
38 metros, (12 pisos). En las avenidas el límite será, según la zona, de
22 o 31 metros (entre seis y nueve pisos). Y para las calles el tope
será de 16,5 metros (cuatro pisos) y en los pasajes entre 10,5 metros o 9
metros (dos o tres pisos).
Por otra parte, el Código de
Edificación, que determina cómo y con qué materiales debe construirse,
estipula que para los monoambientes la medida mínima será de 18 metros
cuadrados más 2,50 metros cuadrados para el baño, cuando antes la medida
mínima era de 28; las viviendas colectivas podrán incluir hasta un
cincuenta por ciento de estos ambientes. Se elimina la obligación de
vivienda para encargado y se la cambia por un espacio para vestuario,
baño, duchas y comedor. En obras de menos de 1500 metros cuadrados,
destinaran un lugar de 6 metros cuadrados como mínimo, en obras que
superen esa medida, un lugar de al menos 50 metros cuadrados. Se reduce
el tamaño de los baños y los sanitarios en shoppings, comercios,
universidades ya no será obligatoria la distinción por género.