“La guerra terminó”, se dice por estos días respecto de la relación del kirchnerismo con el grupo Clarín. El conflicto coloca como botín de guerra a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, primera ley de medios de la democracia. Esa ley se gestó en 2004 en la sociedad civil con los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática para reparar atropellos originados en la ley de la dictadura. Por entonces el grupo y el gobierno de Néstor Kirchner estaban lejos de una relación hostil.
El debate que promovió la sociedad civil -y que el Ejecutivo impulsó en
2009- permitió exponer a los medios como actores políticos con intereses
sectoriales. También los peligros de la concentración monopólica para
la libertad de expresión. Así lo ratificó la Corte Suprema en 2013 en
un fallo que repuso la aplicación de la ley, reconoció el derecho a la
comunicación, y dejó expuesto a Clarín como grupo económico. Este, sin
embargo, nunca se ajustó a derecho y se dedicó al “periodismo de
guerra”.
La pirotecnia judicial e informativa terminó por dominar
toda la agenda, ignorando a las empresas locales o regionales, los
medios comunitarios, cooperativas o del sector público como actores
claves del pluralismo informativo. Por ejemplo.
-Faltó el plan
técnico de frecuencias y soluciones para unas 600 radios comerciales y
comunitarias con permisos precarios o reconocimientos en grandes
ciudades. Tampoco se concursaron las 80 radios AM planificadas en 2008.
Cientos de carpetas de operadores de FM del interior fueron rechazados
por cuestiones formales.
-La televisión abierta recién se
concursó en 2015 y los canales se adjudicaron de apuro poco antes del
recambio presidencial. Barricada TV y otros medios comerciales o
comunitarios debieron acudir a la justicia para salir al aire y ser
incluidos en la grilla del cable.
-Las cooperativas de servicios
públicos batallaron años para lograr su primera licencia audiovisual (La
Pampa). Como empresas de la economía social podían competir con fuerza
en el mercado de triple play y favorecer a los ciudadanos frente al
operador dominante.
-El Fondo para medios comunitarios (FOMECA) se implementó tarde y mal. Todo empeoró luego con los decretos de finales del 2015.
En
los hechos, Clarín resultó un claro beneficiario de la década. Fue
salvado de la quiebra y la compra agresiva de los acreedores entre 2002 y
2005. En 2006, el grupo se quedó con Cablevisión. Un año después el
gobierno autorizó la polémica fusión con Multicanal, concentrando el
47,3 % del mercado de cable. En 2015 las ventas del Grupo crecieron un
41% respecto del 2014. La compra de Telecom -con un vidrioso marco
jurídico- le permitió dominar los negocios de televisión, telefonía,
móviles e internet. En 2018 Cablevisión Holding fue la empresa de la
Bolsa que más ganó; la sociedad de los hermanos Noble Herrera, Magnetto,
Aranda y Pagliaro, controlantes del 39% de Telecom, embolsó $ 47.019
millones en el año.
Al disiparse el humo, quedan en la banquina
empresas locales, medios cooperativos y comunitarios de comunicación,
de Universidades y sector público cuyo desarrollo debía fortalecer
nuevos actores con poder suficiente como para terciar ante la opinión
pública. La guerra que interesa -la de poder elegir en libertad entre
voces diferentes- aún espera que la información, en cualquiera de sus
formatos, deje de ser considerada solo como negocio y se la respete como
un bien social indispensable para la deliberación pública en la
democracia.