Michel Bachellet, ex presidenta y actual Alta Comisionada por los
Derechos Humanos de la ONU, aseguró hoy que enviará una misión “de
verificación” de las denuncias. Fue un pedido de Piñera, seguramente
desesperado por defender su idea de Chile como un “oasis”
latinoamericano donde dos reuniones cumbres deberían tener lugar en
noviembre y diciembre. La primera sería la Apec -foro comercial de
Asía-Pacífico-, donde los jefes de Estado de China y Estados Unidos se
reunirían; la segunda es la Cop 25 sobre cambio climático en un país con
“zonas de sacrificio” en las que empresas altamente contaminantes se
instalan en territorios de alta vulnerabilidad social. Bachellet, sin
embargo, no anunció su visita en primera persona. Habló en cambio de
“encontrar soluciones para abordar agravios” y urjió “a los que planean
participar en las protestas a hacerlo pacíficamente”.
Detenciones
arbitrarias, niños y niñas menores de 16 en celdas sin agua ni comida ni
acceso a hablar con sus familias, desnudez forzada en las detenciones y
otras formas más graves de violencia sexual -ya hay ocho querellas
oficiales pero muchas más que no pudieron llegar a esa instancia por
temor de las denunciantes a represalias-, torturas, exceso en el uso de
violencia; muertes y desapariciones. La situación es gravísima y aun
cuando las calles siguen tomadas y la vida cotidiana se interrumpa como
desde hace una semana al mediodía para ponerle el cuerpo a una lista
completamente transversal de demandas que tienen una primera puerta
hacia la salida de la crisis en el cese de la represión, la vuelta a los
cuarteles de los militares y una asamblea constituyente que derogue la
constitución que rige ahora y que se redactó en plena dictadura militar,
la vida institucional sigue generando imágenes de profundo desprecio a
los Derechos Humanos.