El apuro de Macri por controlar las telecomunicaciones
La bicameral que preside el radical Eduardo Costa pretente iniciar el trámite para elegir las autoridades del Enacom, la Defensoría del Público y el directorio de Radio y Televisión Argentina. Por Emanuel Respighi. El apetitoso mercado de las telecomunicaciones metió la cola en la transición gubernamental. A 12 días de la asunción del nuevo gobierno, Cambiemos intenta realizar una maniobra viciada de legitimidad en organismos claves que regulan al sector, que no puede más que levantar sospechas. Con el apuro que nunca tuvo para presentar el proyecto de “Ley de la Convergencia”, tantas veces prometido y postergado, el gobierno de Mauricio Macri buscará hoy designar a nuevos directores en Radio y Televisión Argentina S. E. (RTA), en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y en la Defensoría del Público.
Lo hace a contrarreloj y antes de que las minorías parlamentarias se
modifiquen, en función de los resultados de las elecciones del 27 de
octubre. Especialistas en política comunicacional y representantes del
Frente de Todos en esos organismos denunciaron y rechazaron una visible
maniobra que no respeta el procedimiento legal para las designaciones y
que compromete la transparencia e institucionalidad de los organismos de
control en el clave sector de las telecomunicaciones.
Como el
moño que le pone cierre a la errática, permeable y regresiva política
comunicacional impuesta a puro decreto por el gobierno de Macri, que
comenzó con el DNU 267 publicado el 29 de diciembre de 2015, que
desguazó el corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(LSCA), la gestión saliente busca seguir metiendo mano en los organismos
claves que regulan el mercado de las telecomunicaciones. De un día para
otro, el presidente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización, el senador de Cambiemos por
Santa Cruz, Eduardo Costa, convocó a una reunión de urgencia a dicho
apéndice parlamentario para hoy a las 11 de la mañana. La Comisión
Bicameral está integrada por ocho senadores y ocho diputados de la
primera, segunda y tercera minorías parlamentarias.
El temario
anunciado para la reunión propone la designación del titular de la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el
inicio del procedimiento de propuestas al Ejecutivo Nacional de los tres
candidatos para el Directorio de RTA correspondientes a la primera,
segunda y tercera minorías parlamentarias. Y por último el inicio de
procedimiento de propuestas de los tres candidatos al directorio del
Enacom correspondientes a la primera, segunda y tercera minorías
parlamentarias.
Las designaciones que el oficialismo busca
aprobar antes de marcharse son de una relevancia institucional enorme,
ya que en todos los casos se trata de organismos que regularán el futuro
del mapa mediático argentino, tanto en los medios públicos como en los
privados-comerciales. El apuro de parte de Cambiemos parece estar sujeto
a dejar en RTA, Enacom y en la Defensoría del Público a directores que
garanticen una mayoría propia. Algo que se contrapone con la
conformación del nuevo Congreso, con sus nuevas minorías.
Más
allá de la maniobra, a todas luces sospechosa, hay otros puntos que
cuestionan la legalidad de las designaciones. Uno elocuente es el
referido a los directores de RTA. La LSCA, que aunque limitada por
decreto aún permanece vigente, señala que los mandatos de los siete
miembros del directorio van descalzados dos años de los mandatos
presidenciales. Por lo tanto, la Bicameral podrá proponer a los tres
directores que le confiere la ley, pero legalmente recién podrán asumir
en diciembre de 2021.
La designación del titular de la Defensoría
del Público no se queda atrás. Conforme a la LSCA y sus modificatorias
posteriores, el titular de la Defensoría debe ser designado por
resolución conjunta de ambas cámaras. Pero antes se debe publicar el
nombre y los antecedentes curriculares de los aspirantes y garantizar
los mecanismos para que se puedan expresar adhesioes o rechazos. Ninguno
de los pasos del procedimiento que estipula la norma para la
designación del titular de la Defensoría se cumplió hasta el momento. Ni
siquiera hay nombres propuestos para ese cargo. Si acaso en la reunión
de hoy se propusiera un candidato, los 15 días hábiles de plazo para
completar la institucionalidad de la designación superaría holgadamente
el 10 de diciembre.
A
la decisión de proponer a los tres candidatos al directorio del Enacom,
realizada por una Bicameral cuya conformación finaliza en 12 días, le
vale la misma sospecha de legitimidad. Con un detalle que sintetiza la
gubernamentalidad con que Cambiemos planificó su política de regulación
en el sector de las comunicaciones: en el decreto 267/15 que creó el
Enacom (que absorbió las competencias de la AFSCA y la AFTIC, las cuales
fueron disueltas), el artículo 5 estipula que los directores del órgano
que regula a las telecomunicaciones en el país “podrán ser removidos
por el PEN en forma directa y sin expresión de causa”. Un poder que le
confiere al presidente de turno una discrecionalidad tal que puede
remover directores y a los representantes de la minoría.
Todas
estas desprolijidades llevaron a que la representación de la minoría
rechazaran la convocatoria dispuesta para hoy. El diputado Pablo Carro
(FpV) y secretario de la Bicameral explicitó su absoluto rechazo a la
reunión. “También en políticas de comunicación, Cambiemos pretende
resolver en tiempo de descuento, forzando decisiones que no resisten
legitimidad ni procedimientos, vía la Comisión Bicameral Audiovisual y
TIC”, denunció el legislador cordobés, que ve en esta decisión del
gobierno de Macri otro paso más en el nombramiento de funcionarios
políticos de su cercanía, a días del fin de su mandato. El diputado,
además, expresó la posición de su bloque: “No avalamos la convocatoria
ni el temario apresurado para cualquier decisión que comprometa la
diversidad y el pluralismo en las comunicaciones. Vamos a recuperar la
institucionalidad, el pleno y transparente funcionamiento del Enacom y
la Defensoría del Público”