La jueza que investigará la mesa judicial visitaba a la cúpula de la AFI macrista. Los ingresos figuran en el libro de entradas, con letra de imprenta escrita en birome negra. Dice el nombre, el DNI, la hora de entrada, la salida y a quién fue a visitar: invariablemente a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), encabeada por Gustavo Arribas. Los registros son seis, el primero el 19 de marzo de 2018 y el último el 3 de octubre de ese mismo año. Quien figura como protagonista de esos ingresos al edificio de la calle 25 de mayo, sede de la AFI, es María Eugenia Capuchetti, hoy jueza federal.
Con la particularidad de que ahora, la magistrada tiene que investigar a
la llamada mesa judicial, el comando, presidido por Mauricio Macri, que
organizó el armado de causas, el espionaje ilegal a opositores y
empresarios, las operaciones de Marcelo D'Alessio, el manejo de
arrepentidos truchos, el filtrado de audios a los medios amigos y toda
la persecución política desatada durante los años del gobierno de
Cambiemos. Capuchetti, entonces, tendría que investigar a los que iba a
visitar en 2018. La mesa judicial operó en la Casa Rosada y, según la
denuncia, era presidida por Macri mismo o por Marcos Peña. La
integraban, entre otros, el operador amigo del presidente Daniel
Angelici; el también operador Fabián Pepín Rodríguez Simón; el ministro
de Justicia, Germán Garavano; el jefe de asesores, José Torello; el
secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el procurador del
Tesoro, Bernardo Saravia Frías;el representante del Ejecutivo en el
Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques; y el hombre visitado
por Capuchetti, Gustavo Arribas, el amigo más vivo de Macri, según la
definición del ex presidente. Las citaciones se hicieron por mail, que
luego fueron encontrados por la actual titular de la AFI, Cristina
Caamaño. Desde ese comando general se armaron y monitorearon -según la
denuncia- todo tipo de operaciones ilegales. La investigación sobre la
mesa judicial oscilaba entre dos juzgados. En primer lugar, el de
Sebastián Ramos, que tenía la instrucción adelantada y que incluso tomó
el testimonio clave de la camarista Ana Figueroa, que denunció haber
sido presionada. También testimonió en el mismo sentido el camarista
laboral Luis Raffagheli, la jueza Martina Forns, pero además fueron
públicas las presiones contra otros jueces y camaristas. La segunda
causa, cuya denuncia fue firmada por más diputados y senadores del
Frente de Todos, recayó en Capuchetti. La cuestión de competencia
entonces la resolvió, con su sola decisión, el camarista Martín Irúrzun,
un aliado clave del macrismo en estos años. Irurzun digitó a
Capuchetti.
En los tiempos de su visita a la AFI, Capuchetti no era
jueza todavía, pero sus incursiones en la central de espías vuelven a
poner sobre el tapete la relación entre Comodoro Py y los servicios de
inteligencia. Poco después de aquellas visitas, Macri mandó el pliego
para su aprobación, pese a que no había tenido gran perfomance en el
concurso y en función de que provenía de la justicia porteña, apadrinada
por Angelici. Más allá de estos detalles que tuvieron que ver con su
nombramiento, lo que impacta en la situación actual son las reuniones
con quien ahora tiene que investigar, por cuanto Arribas es un
protagonista sustancial de la mesa judicial. Desde la AFI se manejó a
D'Alessio, se combinaron con la Division Inteligencia del Servicio
Penitenciario Federal para espiar a los funcionarios presos en Ezeiza;
se puso en marcha al grupo conocido como Super Mario Bros, que espió a
opositores, y se concretó un grotesco espionaje al Instituto Patria y a
la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner. En las notas publicadas
en los últimos días por Irina Hauser queda claro que casi todos los
integrantes de la mesa judicial contaban con un celular que les entregó
la AFI, encriptado, es decir que pudieron manejarse en el mayor de los
secretos. En el libro de ingresos y en las cámaras instaladas en el
edificio de la AFI ubicado frente a la Casa Rosada, quedaron asentadas
las visitas de Capuchetti. Los registros producen un terremoto en el
expediente porque es difícil que la magistrada pueda sostener que actúa
de manera imparcial habiendo tenido la relación previa, en una época
clave, poco antes de ser nombrada jueza, con la cúpula que ahora está
imputada.