El Gobierno nacional decidió declarar servicios públicos esenciales a
internet, TV por cable, telefonía fija y móvil, y congeló los precios
hasta el 31 de diciembre. De esta manera, para acceder a subas las
empresas deberán pedir autorización al Estado, previa presentación de un
esquema de mayores costos que lo justifiquen. Un mecanismo de
regulación del precio similar al que tiene la medicina prepaga que, en
este caso, será controlado por el Enacom. En paralelo, además de esa
autorización, cuando se reglamente el decreto se precisarán las
características técnicas que tendrán los Planes Universales, una especie
de tarifa social básica que deberán tener todas las compañías del
sector en forma obligatoria.
La recuperación del rol de regulador
del Estado es clave en el paquete de medidas. Cuando Cambiemos asumió el
poder en 2015, derogó con el DNU de creación del Enacom el artículo 15
de la Ley Argentina Digital, que establecía que las telcos y tics eran
servicios esenciales “en competencia”, y que el Estado tenía la facultad
de autorizar aumentos.