de la ONU en Ginebra fueron por instrucción expresa del presidente
Alberto Fernández, como para despejar cualquier duda. Además de votar a
favor de la instalación de una misión permanente de Naciones Unidas en
Caracas y de investigar las denuncias de las presuntas víctimas,
Argentina también expresó su rechazo a los 'bloqueos y sanciones' que
'agreden especialmente al pueblo venezolano'. Pese a esta salvedad, el voto argentino generó críticas dentro del
oficialismo como las que expresó la designada embajadora en Rusia,
Alicia Castro.
En su discurso ante la comisión, el embajador
argentino Federico Villegas Beltrán ponderó los 'resultados positivos'
de la colaboración que mostró el gobierno de Nicolás Maduro con el
trabajo de Bachelet, pero argumentó que el informe presentaba un
'insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de
su responsabilidad por la situación de los derechos humanos en su
territorio'. Esta resolución fue aprobada por 22 votos a favor, 3 en
contra y 22 abstenciones, entre las que se ubicó México.
La postura
argentina fue analizada durante el fin de semana en encuentros de los
que participaron la conducción de Cancillería -Felipe Solá, Pablo
Tettamanti y Guillermo Justo Chaves-, que luego el canciller terminó de
definir el lunes en conversación con Fernández y el secretario de
Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Ahí coincidieron que había una
postura histórica de Argentina de defensa de los derechos humanos que es
reconocida en todo el mundo y que se debía respetar. En el caso
específico de Venezuela, la posición de las Naciones Unidas es la que
viene llevando adelante Bachelet.
Desde la campaña electoral,
Alberto Fernández se remite a ese informe cada vez que le preguntan
sobre el tema. Incluso, cuando todavía era candidato y fue recibido en
Bolivia por el entonces presidente Evo Morales, tuvieron un intercambio
de opiniones sobre la situación venezolana en la que Fernández le
recomendó a Evo que leyera el informe de la ex presidenta chilena. Ese
informe fue presentado actualizado el 25 de septiembre pasado, donde se
volvió a hablar de ejecuciones extrajudiciales y se reclamó el
desmantelamiento de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) de la
Policía Bolivariana. Más o menos por esa fecha, Argentina se integró al
Grupo de Contacto Internacional que encabeza el canciller europeo Josep
Borrell, que tiene como objetivo encontrar una salida a la crisis
venezolana, lo que en el Gobierno interpretaban que los obligaba a
actuar en sintonía con los países que integran ese Grupo. Tampoco quedó
fuera del análisis, como es de imaginar, que justo ayer iniciaba su
misión en el país el FMI, en cuyo directorio juega un papel decisivo
Estados Unidos, país con el que Argentina ya se había colocado en la
vereda de enfrente durante la reciente elección en el BID, que
finalmente perdió.
En las conversaciones previas también se evaluó
que varios dirigentes del peronismo mantienen un vínculo fuerte con el
chavismo, en la misma medida que la oposición y sus medios afines
demonizan todo tipo tipo de acercamiento, con lo que cualquier decisión
debía tener en cuenta estas variantes. De hecho, hubo un antecedente la
semana anterior cuando el representante argentino en la OEA, Carlos
Raimundi, evitó una condena a la situación venezolana, lo que fue
recortado en títulos catástrofe como si se tratara de un apoyo. En
verdad, explicaban en Cancillería, lo que falló Raimundi en ese mensaje
fue en no hacer una mención al informe Bachelet.
Eso ayer quedó muy
explícito cuando el país remarcó 'la necesidad de reforzar la
instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas,
dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan
desplegar una acción remedial'. En un documento de cinco páginas, los
países expresaron preocupación y alarma por diferentes aspectos de la
crisis venezolana, incluyendo temas como la emigración masiva y la
inseguridad alimentaria. Entre los países que votaron a favor, además de
Argentina, hubo europeos como Alemania, España e Italia y sudamericanos
como Brasil, Chile, Uruguay y Perú.
En la misma sesión, Venezuela
junto a países aliados presentó una resolución propia en la que destacó
los 'progresos' registrado en el país en los últimos tiempos, que fue
aprobada por 14 votos a favor contra 7 rechazos. Hubo una mayoría de 25
países que se abstuvieron, Argentina entre ellos.